El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) sufrió pérdidas estimadas en más de 2 mil millones de pesos entre 2007 y 2024, durante las administraciones de los últimos tres gobernadores: el panista Emilio González Márquez, el priísta Aristóteles Sandoval y el emecista Enrique Alfaro; publica SPR.
Emilio González Márquez (PAN, 2007-2013)
En 2009, González Márquez impulsó una reforma al IPEJAL que permitió conformar un Consejo de Administración controlado por el Ejecutivo estatal, lo que suprimió fiscalizaciones y concentró todo el poder en seis personas, dos de ellas designadas por el propio gobernador. De esta forma, todas las decisiones sobre el uso los recursos de las y los trabajadores pasaron por las manos de González Márquez.
Entre dichas decisiones destacaron inversiones millonarias en complejos inmobiliarios. El caso más controversial fue el de “el nuevo Cancún”, un proyecto turístico en el municipio de Chalacatepec, en el que el entonces gobernador gastó alrededor de 89 millones de dólares, pero del que las y los trabajadores afiliados al IPEJAL no recibieron un solo peso. Esto a pesar de que González prometió que dicha institución sería una de las más beneficiadas, por haber formado parte de la inversión.
El uso dudoso de recursos del IPEJAL no se detuvo ahí. El Consejo de Administración aprobó utilizar parte del patrimonio de los trabajadores jaliscienses para invertir en la empresa Transporte Marítimo Mexicano S.A. de C.V., la cual ya fue señalada por formar parte de negocios turbios en Petróleos Mexicanos (Pemex), además de encontrarse en una crisis financiera. Sabiendo esto, el IPEJAL desembolsó un total de mil 626 millones de pesos en inversiones bursátiles de la empresa, a través de tres entregas en los años 2011, 2012 y 2016.
Aristóteles Sandoval (PRI, 2013-2018)
En 2014, durante la gestión de Sandoval, se utilizaron 603 millones de pesos del fondo del IPEJAL para adquirir certificados bursátiles de la empresa española Abengoa, a pesar de que especialistas advirtieron al Consejo que se trataba de una inversión riesgosa. Finalmente, este dinero se perdió.
En respuesta, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco interpuso una denuncia penal para quienes resultaran responsables por la pérdida del patrimonio del IPEJAL. Nueve funcionarios públicos de este instituto fueron vinculados a proceso por este caso:
- Fidel Armando “N”, exdirector general
- Katia “N”, exjefa de Administración
- Hugo Alberto “N”, exdirector de Finanzas
- José Wilmer “N”, exencargado del despacho de Finanzas
- Marco Antonio “N”, ex subdirector general
- Benjamín “N”, exjefe de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto
- Carlos Gabriel “N”, exjefe de Contabilidad
- Wilfrido “N”, exjefe de Administración de Fondos
- Francisco Ayón, expresidente del Consejo de Administración
Ayón fue recluido en Puente Grande en julio de 2022, acusado por desvío y uso indebido de recursos durante su gestión en el IPEJAL. Sin embargo, se le dictó prisión domiciliaria en diciembre de ese mismo año por cuestiones de salud y, días después, se le concedió un amparo para la no vinculación a proceso.
Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano, 2018-2024)
Bajo el argumento de que el IPEJAL se encontraba en una crisis que lo llevaría a la quiebra, el Gobierno de Alfaro impulsó, en 2023, una reforma que contemplaba el aumento de contribuciones, así como de años de servicio. “¿Por qué los trabajadores tenemos que pagar el costo de las malas administraciones”, declaró Francisco Javier Reyes, del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL.
A pesar de que la administración de Alfaro aseguró que dicha reforma le dio cuatro años más de viabilidad al IPEJAL, esto no ha representado mejoras para los trabajadores. En 2024, el 37% de los jubilados recibieron un incremento menor al que recibieron en 2023, bajo la justificación de que no había recursos suficientes y se debía cuidar la reserva técnica, que son los bienes inmuebles y las inversiones, misma que se duplicó de 2011 a 2023.
Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano, 2024-)
A principios de 2025, el Consejo autorizó aumentos salariales para los altos mandos del IPEJAL, aumentando el sueldo del director general de 72 mil pesos mensuales a poco más de 120 mil. Además, se crearon seis nuevas direcciones con salarios que van de los 42 mil a los 84 mil pesos mensuales, a pesar de la supuesta falta de recursos.
Así, funcionarios siguen usando al IPEJAL como su “caja chica”, mientras que los trabajadores padecen las consecuencias de sus decisiones. “Tengo mucho coraje, tengo mucha tristeza de que esto nos siga pasando, no es justo”, declaró la jubilada Susana Monterde, cuya situación se ve agravada por los problemas de salud que enfrenta como adulta mayor.
Imagen portada: Freepik
