La Ley de la Guardia Nacional y otras dos que tienen que ver con la seguridad del actual Gobierno no convencen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por lo que solicita a la Suprema Corte invalidarlas todas.
Se trata de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, y de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esas leyes y una más se publicaron el 27 de mayo pasado tras ser aprobadas por el Congreso de la Unión.
Tres acciones de inconstitucionalidad
De acuerdo con Reforma, del titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez presentó el 26 de junio tres acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia para la nulidad de dichas leyes.
El organismo argumenta que el Congreso de la Unión incurrió en “omisiones legislativas relativas en ejercicio obligatorio”, es decir que no generó las normas necesarias para reglamentar íntegramente estas materias, como así lo mandata la Constitución.
El mencionado rotativo señala que González Pérez resaltó que la demanda de la CNDH no suspende la vigencia de las leyes. Además, dice que el trámite de los juicios podría tomar varios meses, aunque si prospera, la Guardia Nacional ya tendría fundamento jurídico para actuar.
Leyes secundarias en materia de seguridad
Las leyes indican que la Guardia es una institución “de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría”.
Asimismo, destaca que el cuerpo de seguridad tiene como objetivo salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservas las libertades.
Además, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.
También deberá prevenir e investigar la comisión de delitos y faltas administrativas bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Utilización del armamento
En las leyes se subraya que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. En tanto, se establece que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.
Las detenciones se regirán por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, rendición de cuentas en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos.
Foto propiedad de: Galo Cañas/Cuartoscuro
