Este martes 19 de febrero se cumplieron 13 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en el municipio San Juan Sabinas, Coahuila, donde 65 trabajadores perdieron la vida, y hasta la fecha sólo dos cuerpos han sido rescatados. En conmemoración, las familias de los mineros colocaron una extensión del monumento.
Desde las 10 de la mañana, decenas de familiares se dieron cita en el antimonumento a los más de 65 mineros afectados, ubicado en Paseo de la Reforma a la altura de Río Rihn, para conmemorar la tragedia y exigir al gobierno justicia.
Como parte de sus reclamos, las familias instalaron una jaula roja con carbón y 63 cascos en representación de los mineros que siguen atrapados en la mina Pasta de Conchos, “son 63 pero cada que vayamos encontrando los restos, vamos a ir sacando un casco, hasta encontrar a todos”, dijo Elvira Martínez Espinosa, esposa de uno de los mineros víctima de la explosión.
También se llevó a cabo una celebración eucarística para “pedir por la paz” de los mineros y de las familias. Durante la misa, se dedicó un momento para que se depositaran uno a uno los cascos con los nombres de los hijos, padres, esposos y hermanos que faltan.
LLEVAN A CABO REUNIÓN CON ENCINAS
Madres, padres, hijos y hermanos siguen en la lucha para que se les entreguen los restos de sus seres queridos. Por ello, el día de ayer la Secretaría de Gobernación y la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) acordaron la instalación de una mesa intersecretarial para definir la ruta a seguir para el rescate de 63 cuerpos atrapados en el accidente minero ocurrido en 2006.
En la mesa se plantea construir una propuesta técnica, financiera y jurídica para avanzar con el rescate de los cuerpos, así como en la forma en que se seguirá el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que con ello se tenga acceso a la verdad y la justicia, y sanción a los responsables.
“Después de cuatro presidentes surgidos de tres partidos distintos, por primera vez se logró un acuerdo, pero no damos cheques en blanco”, expuso Cristina Auerbach Benavides, directora de la FPC.
Para la abogada Stephanie Erin Brewer, del Centro ProDH y quién acompaña a las familias de los mineros, “el caso permanece en la impunidad porque los anteriores gobiernos declinaron investigar argumentando que no podían entrar a la mina y porque necesitaban un peritaje para establecer los hechos y establecer las responsabilidades”.
Durante la reunión, el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que “cuentan con todo mi apoyo personal e institucional, lo he hecho desde un principio y a lo largo de todos estos años, por lo que se convocará a la instalación de una mesa de trabajo en la que participarán las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social, para encontrar el mecanismo que permita gestionar la reparación”.
Recordaron que algunos de los responsables tanto de que la explosión se diera como de las posteriores omisiones son, entre otros, la empresa Grupo México, quien operaba la mina; el ex titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano; ex procuradores de justicia; los ex mandatarios estatales Humberto y Rubén Moreira, y hasta el sindicato minero.
HACE 13 AÑOS
El 19 de febrero de 2006, la mina ocho de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisarla.
El 4 de abril de 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos, la minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas. A la fecha no existe una investigación activa ni se ha demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, que en febrero de 2018 declaró admisible el caso concediendo la razón a las familias.
Foto propiedad de: Nancy Gómez / SDPnoticias
