La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 13 de noviembre siete de los nueve juicios fiscales pendientes de las empresas del Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por un monto total de 48 mil 326 millones 809 mil pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones, correspondientes a ejercicios fiscales entre 2008 y 2013; publica SPR.
Los juicios serían resueltos mediante 5 proyectos de los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente de la SCJN), Arístides Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa, relativos a los amparos directos en revisión promovidos por las empresas, además de recursos de impedimentos y de reclamación que habían dilatado su fallo.
A la fecha, la Corte tiene pendientes 11 juicios de Grupo Salinas, de los cuales nueve impugnan créditos fiscales por 49 mil 39 millones 739 mil pesos: cinco de Grupo Elektra, dos de Tv Azteca, uno de Nuevo Elektra del Milenio y uno más de TotalPlay. Los otros dos corresponden a litigios mercantiles de Banco Azteca con particulares.
Cabe señalar que la semana pasada, el ministro presidente Aguilar Ortiz rechazó aplazar la resolución de siete juicios fiscales que Grupo Salinas pidió posponer al alegar que había solicitado al gobierno federal “ajustar” el monto de los adeudos.
En respuesta, Grupo Salinas amagó con interponer una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al prever que la Suprema Corte fallará en su contra. “Informamos que estamos evaluando interponer una demanda contra el SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición”, señaló el consorcio.
Grupo Salinas acusó la falta de garantías de audiencia, a pesar de que parte de los adeudos le fue impuesta desde cuatro sexenios atrás y desde entonces ha alargado sus reclamos en tribunales.
Entre las propuestas que se analizarán, se plantea al pleno desechar amparos al dar la razón a recursos de reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pidieron revocar acuerdos de 2024 de la entonces ministra presidenta Norma Piña Hernández, y de este año, del actual presidente Hugo Aguilar.
Tal es el caso del acuerdo emitido por la ministra Piña el 21 de agosto de 2024, que admitió el juicio más cuantioso de Grupo Elektra, relacionado con un crédito fiscal de 2013 por 33,306 mdp por concepto de impuesto sobre la renta, incluyendo actualizaciones, recargos y multas impuestas por el SAT.
La autoridad fiscal determinó el crédito porque la empresa no ajustó las pérdidas por enajenación de acciones deducidas en sus declaraciones de 2008, 2010, 2011 y 2012, como exigía el procedimiento temporal previsto al concluir el régimen de consolidación fiscal en 2013.
Hacienda impugnó el 29 de agosto de 2024 la admisión del acuerdo, entonces turnado al hoy ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, pero el caso se frenó por los impedimentos promovidos por la empresa de Salinas Pliego, por los cuales, en algunos casos, ha sido multada.
Con la nueva integración del pleno, el expediente pasó al ministro Arístides Guerrero García, quien propone desechar el amparo al considerar que carece de “interés excepcional”, pues la Corte ya resolvió los temas.
Imagen portada: SPR
