El Congreso de Nuevo León volvió a tropezar con la misma piedra: su incapacidad para procesar decisiones fiscales de fondo sin convertirlas en un pulso político. El dictamen del Presupuesto de Ingresos 2026 del municipio de Monterrey fue desechado, no sé si por una falla técnica, lo que sí sé es la carga política que implicó la solicitud de endeudamiento incluida por el alcalde Adrián de la Garza.
En términos estrictos, el dictamen no alcanzó la mayoría calificada de 28 votos exigida para presupuestos con deuda. El tablero final fue revelador: 19 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones. Movimiento Ciudadano y Morena optaron por no votar ni a favor ni en contra. En el Congreso local la abstención rara vez es neutralidad, suele ser una forma eficaz de frenar sin exponerse.
La presidenta del Congreso, Iztel Castillo, declaró formalmente desechado el dictamen y ordenó su retorno a la Comisión Primera de Hacienda. El procedimiento fue impecable desde el reglamento y, políticamente, significó volver al punto de partida.
El efecto no se limitó a Monterrey. En el mismo paquete quedaron atrapados los presupuestos de Guadalupe y de varios municipios del sur del estado. Una práctica legislativa conocida es agrupar expedientes distintos para que el conflicto de uno arrastre a todos.
Durante la sesión la tribuna permaneció muda. Ninguna bancada quiso asumir el costo de fijar postura frente al pleno. El debate emergió después, en la ya habitual conferencia de prensa. Ahí, la diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, puso el dedo en la llaga: la incongruencia de aprobar deuda para Monterrey —gobernado por Adrián de la Garza— mientras PAN y PRI sostienen un discurso de cerrazón absoluta frente al endeudamiento del estado.
El cierre fue predecible y, al mismo tiempo, elocuente. Tras desecharse el dictamen, los diputados del PAN abandonaron la sesión. Sin quórum, los trabajos legislativos se suspendieron. Cuando no hay condiciones políticas, el congreso simplemente deja de operar.
El saldo es contundente: Monterrey se queda sin Presupuesto de Ingresos 2026 aprobado y el análisis deberá reiniciarse en comisión, pero el impacto va más allá del ámbito municipal: una vez más, el Congreso de Nuevo León volvió a postergar la aprobación del presupuesto estatal 2026, un instrumento clave que el estado necesita para planear, operar y sostener su viabilidad financiera.
La deuda, en este episodio, no fue sólo una variable contable, fue el detonante de una parálisis política que confirma una constante en Nuevo León: los presupuestos se discuten menos como herramientas de gobierno y más como piezas de negociación. Y en ese juego, el tiempo —y la gobernabilidad— siguen perdiendo. ¿Y el pueblo? ¿Y el ciudadano? ¿Y el Mundial?
