El proyecto presenta cuatro grandes objetivos a través de 23 estrategias, en las que 72 dependencias estarán involucradas.
Durante los próximos cuatro años, el gobierno de México tiene como prioridad impedir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos y disminuir los homicidios en este sector de la población; publica MILENIO.
De acuerdo con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna) al que MILENIO tuvo acceso, este es uno de los principales ejes de trabajo y tiene como objetivo proteger a los menores contra las violencias que enfrentan en los entornos donde se desarrollan.
¿Cuál es el plan gubernamental contra el reclutamiento de menores?
“Fortalecer los mecanismos de protección a violaciones que atentan contra la integridad y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes relacionadas con su vinculación, reclutamiento o utilización en actividades delictivas, para garantizar su protección integral y restitución de derechos”, señala el documento que se hará público antes de que termine el año.
Para lograr estos objetivos, el gobierno implementará una estrategia integral que incluya acciones en los municipios donde más se presenta este fenómeno para garantizarles acceso a oportunidades de desarrollo y mejorar sus condiciones de vida.
También se remarca la necesidad de reconocerles como víctimas para poder reintegrarlos a la sociedad.
Además, señala como prioridad llevar a cabo medidas legales que prohíban y castiguen expresamente esta práctica.
“Si no hay cambios de contexto es difícil que los jóvenes puedan resistir los llamados de la delincuencia organizada, por eso también estamos pensando en los hogares de estos niños que son víctimas y no debemos de verlo de otra manera. Sus circunstancias los obligan a integrarse a estas organizaciones criminales que les ofrecen una vida efímera con dinero”, expresó una funcionaria involucrada con la elaboración del texto.
En las metas del programa se especifica la necesidad de disminuir la pobreza extrema, las lesiones asociadas a la violencia familiar y “víctimas de homicidios entre la población infantil y adolescente”.
En tanto, se buscará incrementar el acceso a los servicios de salud, los mecanismos de participación de la niñez y adolescencia e incrementar los usuarios de internet entre los 6 y 11 años.
En el rubro de seguridad, se incluyen también acciones relativas a fortalecer políticas para prevenir las violencias y modificar las conductas estereotipadas que las fomentan y toleran; además de garantizar atención integral a quienes ya fueron víctimas, con el fin de que tengan acceso a la justicia, a la integridad y a una vida libre de este fenómeno.
Este programa contiene las acciones prioritarias para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Se integra con la participación y propuestas de este sector de la población, así como de representantes de los sectores público, social y privado.
Está conformado por cuatro objetivos, 23 estrategias, 169 líneas de acción, ocho indicadores y 72 dependencias responsables. Y por primera vez se integran a este trabajo las Secretarías de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Agencia de Transformación Digital.
Diagnóstico nacional
En México viven aproximadamente 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes, de quienes se deben atender de manera prioritaria los problemas que les afectan para garantizar su bienestar y sus oportunidades futuras.
Uno de los más graves, acepta el documento, es la pobreza. Actualmente, alrededor del 38.7 por ciento de las niñas, niños y adolescentes vive en esta condición, lo que equivale a cerca de 14 millones de personas menores de 18 años.
“En comparación con otros grupos, la pobreza tiene mayor incidencia en la niñez y la adolescencia, siendo más intensa todavía en la primera infancia (cero a cinco años), etapa en la que las necesidades críticas de desarrollo hacen que los riesgos sean mayores y sus efectos más duraderos”, afirma.
El programa advierte que las consecuencias de las violencias suelen dejar marcas profundas y duraderas a los menores que las padecen, pues además de vulnerar su integridad y seguridad, afectan también su bienestar emocional y pueden obstaculizar su capacidad de vivir con dignidad.
“Por ello, dar respuesta a las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes requiere un enfoque integral que articule prevención, atención y acceso a la justicia. Esto implica abordar las causas estructurales de la violencia, promover entornos seguros y adecuados para su desarrollo, garantizar la protección inmediata de las víctimas y su acceso a la justicia” destaca.
Niños en la mira
En el sexenio pasado, la Secretaría de Gobernación realizó un diagnóstico sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado.
En ese documento, marcó a 18 entidades del país como zonas proclives en las que se podía registrar este fenómeno.
“Los niños, niñas y adolescentes reclutados y utilizados para fines delictivos por parte de la delincuencia organizada y de los grupos delictivos regularmente conlleva a que los menores de edad sean desaparecidos, pierdan la libertad, dignidad e integridad e incluso hasta su vida, llevando con ello la descomposición del tejido social”, dice el texto.
Los trabajos que los menores realizan para estos grupos inician con conductas antisociales no graves como “mensajeros” hasta llegar a conductas muy graves como “sicarios o ayudantes para la desaparición de un cuerpo”.
Y entre estos extremos pueden hacer otras tareas como explotación sexual, halconeo, transportar sustancias, robo con y sin violencia, venta de drogas y hasta secuestrar.
“Sin lugar a duda, la crisis de seguridad ha afectado la niñez y adolescencia de México, ya sea porque han sido víctimas y/o perpetradores. Sin embargo, se desconoce cómo y en qué medida ha derivado la evolución de la violencia a raíz del reclutamiento y/o utilización de los menores de 18 años por parte de los grupos en el país”, remarcó.
Imagen portada: Especial / MILENIO
