Por Inocencia Artificiaga
En México hay palabras que pesan. Y hay otras que arrastran aduanas, tratados, conferencias y fricciones diplomáticas. “Terrorismo” pertenece al segundo grupo. No es un sustativo, es una llave institucional. Abre procesos penales, activa alarmas internacionales y, de paso, convierte a cualquier fiscal entusiasta en operador de política exterior sin pasaporte.
Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum afirma, con tono didáctico y contenidamente severo, “No sé por qué usan el delito de terrorismo”, no está improvisando, está sofocando un incendio semántico antes de que cruce la frontera. No defiende a nadie en específico, custodia el diccionario penal.
I. El Lamborghini del Código Penal (no se saca para ir al Oxxo)
El artículo 139 del Código Penal Federal no fue concebido para resolver disputas locales ni para penalizar ocurrencias con grandilocuencia. Es un tipo finalista y exigente: obliga a probar intención de infundir terror colectivo o presionar a la autoridad mediante medios violentos calificados. No basta con asustar, hay que proponerse asustar. Y demostrarlo.
En el expediente del periodista Rafael León, la fiscalía veracruzana decidió sacar el Lamborghini del garage. ¿Motivo? Opaco. La acusación incluye terrorismo, como quien añade más chile xalapeño, “por si acaso”. El problema es que el juez no evalúa una botana de nachos, evalúa dolo específico. Y ahí, históricamente, el terrorismo en México se desinfla.
II. El arte de recular: manual elemental para gobernadores
Tras el comentario presidencial, la gobernadora Rocío Nahle recalibró el rumbo y dio marcha atrás. No porque alguien le impartiera un seminario de dogmática penal comparada sino porque alguien le recordó que las palabras gobiernan tanto como los actos. Si el centro dice “expliquen”, el gobierno del estado entiende “corrijan”.
No es timidez, es preservación institucional. Sostener “terrorismo” sin prueba sólida es obsequiarle a la defensa una autopista hacia la reclasificación. Y, peor aún, convertir a Veracruz en caso ejemplar de inflación punitiva.
III. Washington escucha: cuando el expediente local se vuelve cable internacional
Aquí emerge la variable incómoda: Donald Trump y su inclinación por etiquetar organizaciones —y países— con palabras que luego se cobran con intereses. En ese tablero, “terrorismo” no es un tecnicismo, es munición discursiva.
A la presidenta no le conviene —a nadie le conviene— que México banalice el término en clave expansiva, y menos en un caso vinculado a prensa. Porque mañana la etiqueta vuelve, traducida, con membrete ajeno y efectos propios: sanciones, listas, presiones. Soberanía erosionada por sinónimo.
IV. Libertad de expresión: el examen que nadie quiere reprobar
Que el imputado sea periodista no lo vuelve inimputable, pero endurece el estándar. Usar terrorismo en ese contexto obliga a probar, con lupa, que la conducta rompe de forma nítida y total con el ejercicio periodístico. No basta el “efecto inhibidor” —que ya alarma a organizaciones—, hay que demostrar finalidad terrorista verificable. Si no, el caso no solo se debilita, se desacredita. Sheinbaum lo entiende y lo dice sin estridencias: expliquen por qué. Traducido al lenguaje judicial: aporten la prueba.
V. Técnica depurada (para quien aún cree que esto va de adjetivos)
Para sostener terrorismo hoy, una fiscalía debe probar, como mínimo:
- Medios violentos inequívocamente idóneos (peritajes consistentes, no formularios reciclados).
- Direccionalidad deliberada hacia población o autoridad (no conflictos laterales).
- Intención acreditable (mensajes, amenazas, planeación, no conjeturas).
- Nexo causal claro entre acto y finalidad (el terror como objetivo, no como efecto colateral).
Si lo que hay es ruido, contexto y presunción, el Lamborghini regresa al garage y el expediente continúa en sedán.
VI. El Estado y su diccionario
Este episodio deja una moraleja sobria: el derecho penal no tolera metáforas. “Terrorismo” no es una palabra para impresionar, es una hipótesis de máxima exigencia. Usarla sin sustento no robustece al Estado, lo vulnera.
Por eso la presidenta apaga el fósforo, la gobernadora guarda el encendedor y la fiscalía enfrenta la pregunta incómoda: ¿había prueba o solo una palabra rimbombante? En tiempos donde los términos viajan en primera clase, la prudencia también gobierna. Porque, al final, el «terror» no está en el expediente, está en pronunciar sin probar.
