Por José Jaime Ruiz
En México, la política social suele venir con una coartada incorporada: “no alcanza”, “no se puede”, “es estructural”. Es el idioma del resignacionismo técnico, ese que explica por qué nada cambia mientras todo se gestiona. Se gestiona, sí. Y ahí suele terminar la historia. Por eso el caso de Nuevo León incomoda. No porque presuma virtudes morales, sino porque rompe una costumbre: la de tratar la pobreza como paisaje permanente y no como problema concreto.
Los números que el propio gobierno estatal ha puesto sobre la mesa son difíciles de ignorar incluso para el escéptico profesional. Entre 2021 y 2025, 776 mil personas salieron de la pobreza y 94 mil de la pobreza extrema. La reducción acumulada es de 77 por ciento. Sólo en 2025, más de 700 mil personas dejaron atrás esa condición. El dato que suele provocar carraspeos incómodos en el debate nacional es otro: la pobreza extrema en Nuevo León se ubica hoy en 0.5 por ciento, el nivel más bajo en su historia. Primer lugar nacional en reducción, acceso a servicios básicos y servicios de salud. No es menor.
En Nuevo León Informa, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, insistió en una idea poco frecuente en la política mexicana: esto no es un programa, es un sistema. La Nueva Ruta —así se bautizó— no promete épica ni redención instantánea; promete arquitectura. Cinco ejes claros: cero pobreza extrema y hambre; prevención y desarrollo; cuidados; no discriminación; y alianzas. Dicho de otro modo: dejar de apagar fuegos con cubetas aisladas y empezar a diseñar tuberías. Suena menos heroico. Funciona mejor.
Hambre Cero, que ha beneficiado a 351 mil personas y ya es observado fuera del país, no se concibe como despensa perpetua sino como intervención coordinada. Ayudamos a las Mujeres duplicó y algo más los apoyos mensuales —de 800 a 2 mil pesos—, pero lo relevante no es el monto. Es la lógica: sin autonomía económica femenina no hay política social que resista el paso del tiempo. El cuidado no es discurso; es estructura productiva invisible. Ignorar eso sale caro.
Hay, además, una obsesión poco glamorosa pero decisiva: infraestructura social. Entre 2022 y 2024 se invirtieron 442 millones de pesos en obras que no dan portada, pero sostienen operación. Centros comunitarios ampliados, ahora con espacios digitales, robótica e inteligencia artificial. Mientras otros discuten el futuro en abstracto, aquí se intenta cerrar brechas antes de que se vuelvan irreversibles. No siempre se logra. Pero se intenta con método.
El capítulo de alianzas también rompe inercias. Apoyar a 344 organizaciones de la sociedad civil y movilizar más de 7 mil millones de pesos, multiplicando por ocho el impacto de la inversión pública, no es filantropía de vitrina: es gobernanza compartida. Y en 2025, las Estaciones de Servicio Público llevaron más de 265 mil servicios gratuitos a 51 municipios, beneficiando directamente a más de 71 mil personas. Derechos a domicilio, de nuevo, sin épica y sin discurso inflamable.
Hasta aquí, el balance técnico. Pero en política, cuando los números empiezan a cuadrar, aparece otra pregunta —inevitable—: ¿y ahora qué? El nombre de Martha Herrera circula ya como precandidata a la alcaldía de Monterrey. No por anuncio, sino por peso específico. Cuando una funcionaria convierte la política social en activo verificable, el sistema político hace lo que sabe hacer: empieza a leer futuro.
A ese escenario se suma un antecedente que no se puede borrar con discreción: su padre, Óscar Herrera Hosking, gobernó Monterrey en los años ochenta. No como herencia automática ni como salvoconducto nostálgico, sino como recordatorio de algo elemental en esta ciudad: los apellidos no garantizan indulgencias, porque la genética política es imborrable, elevan la vara. Monterrey no vota genealogías, examina resultados y los resultados de la gestión de Herrera Hosking fueron perceptibles.
La ironía es ésta: mientras en buena parte del país la política social sigue siendo excusa o botín, en Nuevo León se ha vuelto método. Y cuando el método funciona, deja de ser invisible. Los “cinco ceros” —pobreza extrema, hambre, desigualdad, discriminación y violencias— suenan ambiciosos, incluso incómodos. Mejor así. Funcionan como contrato público: o se cumplen, o se exhiben.
Si la política social se convierte en sistema, y ese sistema empieza a dialogar con la política electoral, la exigencia ya no es pureza ni simpatía, es consistencia. Y por ahora, en Nuevo León, los números hablan con una claridad que no pide permiso… pero sí exige continuidad.
