Por José Jaime Ruiz
La Fiscalía, a cargo de Javier Flores, puede presumir sus operativos, pero la discusión ciudadana va por otro lado: ¿hay un criterio uniforme para aplicar el poder penal o la justicia se está moviendo con ritmos distintos según el contexto y los intereses en juego? El aparato de procuración termina viéndose como un mecanismo selectivo, sobre todo cuando aparecen disputas patrimoniales, actores con peso político y apellidos que no se pronuncian en voz baja.
El caso del director general del periódico Vanguardia, Armando Castilla, detenido en Monterrey por un presunto fraude, encendió de inmediato las alertas. Más allá de lo que determinen los tribunales, el episodio abrió preguntas sobre proporcionalidad, alcance y consistencia del expediente. En un estado donde la fuerza institucional suele leerse como mensaje, el problema es simple: cuando el procedimiento parece diseñado para exhibir tanto como para investigar, la Fiscalía se expone a que su actuación se interprete como presión. En ese ambiente se mencionó, desde la cobertura mediática, la presencia de un despacho ligado al apellido De la Garza en el entorno del caso. No es una prueba por sí misma ni sustituye al expediente, pero funciona como detonador de sospecha: refuerza la idea —extendida en la conversación pública— de que ciertos conflictos escalan con mayor facilidad cuando se cruzan con redes de influencia.
Luego vino un episodio que subió el volumen. Una disputa familiar por la empresa Garage y Talleres alcanzó al fiscal General Javier Flores, al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y al hermano del alcalde, Filiberto de la Garza, mediante señalamientos de presunto tráfico de influencias. De acuerdo con lo expuesto en esa denuncia pública, Arturo Cortez Garza, heredero del 50 por ciento de la compañía, sostiene que fue despojado de su participación mediante un entramado que habría utilizado a la Fiscalía y al Poder Judicial como palancas de presión. Aquí lo sensible no es solo la acusación, es la cronología que se coloca sobre la mesa. El señalamiento de que Flores habría participado previamente como abogado en el conflicto y que, tras su llegada a la Fiscalía, el caso tomó velocidad procesal. En política judicial, la velocidad también pesa: no siempre significa eficiencia; a veces solo significa que alguien tocó la puerta correcta.
En paralelo, la Fiscalía ha desplegado acciones contra casinos vinculados al empresario Sergio Gil, bajo hipótesis que van desde operaciones ilícitas hasta irregularidades documentales. La eficacia no se mide solo en cateos, se mide en consistencia. Porque cuando la Fiscalía golpea con contundencia en ciertos frentes, pero carga con señalamientos de conflicto de interés —real o aparente— en otros, el resultado es una erosión silenciosa: la confianza se vuelve condicional. Sergio Gil ha sido acosado por los hermanos Adrián y Filiberto de la Garza desde el llamado quesogate, usado para aminorar el impacto de las muertes del casino Royale y sobreponer el tema para acabar con la carrera política de Fernando Larrazabal, quien se perfilaba a ganar la gubernatura de Nuevo León por el PAN.
La salida es operativa y medible. Si la Fiscalía quiere blindarse de la sospecha —o al menos acotarla— necesita reglas visibles para judicializar, protocolos públicos que neutralicen conflictos de interés y un criterio verificable para explicar por qué ciertos casos avanzan a velocidad de rayo mientras otros se empantanan sin explicación. En un estado donde la justicia siempre se interpreta, el punto es básico: que no parezca que unas carpetas caminan con fuero y otras con grillete.
