La política energética en México ha experimentado un giro tectónico en el año 2026, marcando una de las transiciones más complejas y polémicas dentro del marco ideológico de la llamada Cuarta Transformación. Durante casi una década, el rechazo a la fracturación hidráulica, o fracking, se consolidó no solo como una directriz técnica, sino como un símbolo de la identidad política y ambiental del régimen liderado por el partido Morena. No obstante, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha inaugurado una nueva fase caracterizada por el pragmatismo geopolítico, introduciendo el concepto de “fracking sustentable” o “amigable” como una herramienta indispensable para alcanzar la soberanía energética en un contexto de vulnerabilidad global extrema.
Este cambio de paradigma representa una contradicción frontal con los discursos históricos, las publicaciones en redes sociales y los compromisos de campaña que tanto Andrés Manuel López Obrador como la propia Sheinbaum sostuvieron hasta finales de 2024. Al analizar la evolución de esta postura, se revela una tensión dialéctica entre el “Humanismo Mexicano” —que prioriza la protección del territorio y el agua— y las necesidades estructurales de un sistema eléctrico nacional que, para 2025, alcanzó niveles récord de dependencia del gas natural importado. La redefinición de la política energética en abril de 2026 no es solo una revisión técnica, es una reconfiguración de la jerarquía de valores del Estado mexicano ante la amenaza de crisis económicas derivadas de factores climáticos y conflictos internacionales.
El dogma de la prohibición: antecedentes en la administración de López Obrador (2018-2024)
La génesis de la postura anti-fracking en la Cuarta Transformación se remonta al 1 de diciembre de 2018. En su primer discurso como presidente en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador presentó sus “100 compromisos de gobierno”, donde el punto número 75 establecía de manera categórica que no se usarían métodos de extracción de materias primas que afectaran la naturaleza y agotaran las vertientes de agua, mencionando explícitamente al fracking. Esta promesa no era periférica, se convirtió en un pilar de la narrativa de soberanía nacional, contrastando el modelo “extractivista y neoliberal” de administraciones pasadas con una nueva ética de conservación ambiental.
Durante el sexenio 2018-2024, la prohibición se mantuvo como una “moratoria de facto”. Aunque la legislación secundaria y la Constitución no fueron modificadas para prohibir la técnica formalmente, la instrucción presidencial fue suficiente para frenar planes de exploración ya autorizados. Un hito de esta postura ocurrió el 25 de junio de 2019, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para un plan de exploración en el campo Humapa, ubicado entre Veracruz y Puebla. Al día siguiente, López Obrador suspendió la autorización de forma inmediata, declarando que su gobierno no permitiría esa tecnología en ninguna circunstancia, calificando el rechazo como un compromiso inamovible con el pueblo.
La institucionalización del rechazo ideológico
A lo largo de su mandato, el presidente López Obrador repitió de manera sistemática que el fracking consumía volúmenes masivos de agua y contaminaba los acuíferos, afectando la viabilidad de la vida en las comunidades rurales. Esta postura fue reforzada en redes sociales y conferencias matutinas, donde se presentaba al fracking como una técnica “dogmática del neoliberalismo” que México no necesitaba gracias a su potencial en hidrocarburos convencionales. Incluso en el ocaso de su gobierno, el 5 de febrero de 2024, López Obrador incluyó la prohibición constitucional del fracking y de la minería a cielo abierto en un paquete de 18 iniciativas de reforma enviadas al Congreso, buscando blindar esta política para las futuras generaciones.
No obstante, esta firmeza discursiva enfrentaba una realidad técnica ineludible: la producción nacional de gas natural continuaba en declive, mientras que la demanda para la generación eléctrica crecía de manera exponencial. Para el cierre de 2023, la generación eléctrica con gas representaba ya el 58% de la matriz nacional, con una dependencia del 74% de las importaciones estadounidenses. La contradicción latente era que México prohibía en su territorio la técnica que permitía la abundancia y el bajo precio del gas que importaba desde Texas.
Claudia Sheinbaum y el Compromiso de Continuidad (2023-2024)
Como candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo adoptó íntegramente la plataforma energética de López Obrador. Su formación como doctora en ingeniería ambiental y su trayectoria como científica experta en cambio climático otorgaban un barniz técnico a la prohibición del fracking. En su documento estratégico “100 pasos para la transformación”, presentado durante su campaña, el paso número 87 establecía textualmente el compromiso de no permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking.
La retórica de Sheinbaum en 2024 fue clara: el desarrollo de la nación no podía basarse en la destrucción de sus recursos hídricos. En diversos mítines y publicaciones en redes sociales, la entonces candidata vinculó la prohibición del fracking con la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y la protección de los ecosistemas más vulnerables del país. El 6 de diciembre de 2024, ya como presidenta electa, declaró de manera enfática: “No va a haber fracking y eso así se va a quedar”.
El sutil cambio en los 100 Compromisos de Gobierno
Un análisis exhaustivo del discurso de toma de posesión del 1 de octubre de 2024 revela la primera fisura en esta postura. A diferencia de su documento de campaña “100 pasos para la transformación”, el listado oficial de “100 compromisos de gobierno” leído en el Zócalo omitió la mención explícita a la prohibición del fracking. Mientras que otros temas ambientales como la transición energética y la protección de la biodiversidad fueron detallados, el compromiso 87 del documento previo fue sustituido por objetivos más genéricos relacionados con la eficiencia hídrica y la soberanía energética.
Esta omisión fue denunciada por organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), que advirtieron sobre la dilución de la promesa de campaña ante la falta de voluntad política para aprobar la reforma constitucional que López Obrador había enviado en febrero. La justificación oficial en ese momento fue que el gobierno se enfocaría en un “Plan Nacional Hídrico” que priorizaría el consumo humano, pero el silencio sobre la fractura hidráulica comenzó a generar incertidumbre en los sectores ambientalistas que habían apoyado su ascenso.
El choque de realidad: crisis energética y dependencia en 2025
El año 2025 marcó un punto de inflexión crítico para la política energética de la administración Sheinbaum. A pesar de los esfuerzos por fortalecer la producción nacional, México rompió récords históricos en la importación de gas natural desde Estados Unidos.
Factores climáticos extremos, incluyendo olas de calor intensas en mayo de 2025, dispararon la demanda eléctrica, obligando al país a importar un promedio de 6,758 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), lo que representó el 76% del consumo nacional.
| Indicador de Dependencia de Gas Natural | Valor en 2025 | Referencia Histórica |
| Importaciones promedio diario (MMpcd) | 6,758 | Récord histórico |
| Pico máximo de importación (Agosto 2025) | 7,518 | Nivel más alto desde 1973 |
| Dependencia porcentual del suministro de EE. UU. | 76% | Incremento constante desde 2000 |
| Costo acumulado de importaciones (2000-2024) | $89,000 M USD | Carga financiera masiva |
La vulnerabilidad sistémica de este modelo se manifestó plenamente con la llegada de la tormenta invernal “Fern” en enero de 2026. Al igual que ocurrió con la tormenta “Uri” en 2021, la infraestructura de gas en Texas se congeló, provocando una escasez inmediata en México y un disparo en los precios del gas de 3 dólares a casi 200 dólares por millón de BTU en solo tres días. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vio forzada a desembolsar 65,000 millones de pesos en compras de emergencia de Gas Natural Licuado (GNL), resultando en pérdidas operativas superiores a los 20,000 millones de pesos.
La geopolítica de la incertidumbre en 2026
Simultáneamente, el escenario internacional se tornó hostil. El inicio de conflictos armados en el Medio Oriente que involucraron a Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero de 2026 puso en riesgo el suministro global de energía y la seguridad de las rutas marítimas. La Agencia Internacional de Energía advirtió que el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado, dejaba a países importadores como México en una posición de extrema fragilidad.
Ante esta “tormenta perfecta” de crisis climáticas, volatilidad de precios y amenazas geopolíticas, la administración de Sheinbaum comenzó a replantear el significado de la soberanía energética. El argumento de que México contaba con reservas masivas de gas no convencional atrapadas en formaciones de lutitas (estimadas en 141 billones de pies cúbicos) cobró una nueva relevancia estratégica. La pregunta planteada desde Palacio Nacional fue pragmática: ¿Puede México permitirse prohibir la extracción de sus propios recursos mientras financia la industria del fracking en Texas para evitar apagones nacionales?
El giro de abril de 2026: la política del “fracking sustentable”
El 8 de abril de 2026, México rompió oficialmente su moratoria de facto contra el fracking. En una conferencia de prensa que marcó un antes y un después en su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la “Estrategia para fortalecer la soberanía energética”, la cual contempla la exploración y explotación de yacimientos no convencionales mediante técnicas de fractura hidráulica “mejoradas”.
El anuncio formal llegó apenas un día después de una reunión de alto nivel en Palacio Nacional con Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, directivo de Global Infrastructure Partners. Aunque la mandataria calificó como “risibles” las versiones que vinculaban esta reunión con un pacto para abrir el país a la inversión privada en fracking, la coincidencia temporal no pasó desapercibida para analistas y críticos. La presencia de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo con intereses masivos en la infraestructura energética sugirió que la nueva fase del sector hidrocarburos requeriría esquemas de financiamiento mixto que la administración anterior había rechazado tajantemente.
Definición y promesas del “fracking amigable”
Para mitigar el costo político de esta contradicción, Sheinbaum introdujo el concepto de “fracking amigable” o responsable. La presidenta argumentó que su rechazo histórico era hacia el “fracking tradicional” de la década de los 2000, el cual se caracterizaba por un uso intensivo de agua potable y químicos altamente tóxicos. En contraste, la propuesta de 2026 se basa en lo que el gobierno denomina “tecnologías de vanguardia” con un enfoque de economía circular.
| Componente del Fracking | Modelo Tradicional (Prohibido) | Modelo Sustentable (Propuesto 2026) |
| Uso de Agua | Agua potable dulce de acuíferos locales. | Prohibición de agua potable; uso de agua residual tratada, de mar o de minas. |
| Aditivos Químicos | Cócteles de químicos con toxicidad documentada. | Uso de componentes biodegradables y orgánicos. |
| Gestión de Residuos | Inyección en pozos profundos o lagunas abiertas. | Reciclaje integral del 100% del fluido de retorno. |
| Mitigación de Metano | Emisiones fugitivas sin control estricto. | Tecnologías de monitoreo satelital y captura de fugas. |
| Supervisión | Regulación industrial interna. | Comité Científico autónomo (UNAM, IPN, SCT). |
La justificación técnica descansa en que, en los últimos 20 años, la industria ha desarrollado fluidos de fracturación que no requieren las sustancias potentes y difíciles de reciclar del pasado. La presidenta enfatizó que estas nuevas técnicas tienen un “menor impacto ambiental” y son comparables a los estándares que permiten la convivencia de la industria con zonas de agricultura tecnificada en otras partes del mundo.
El comité científico y el rol de la Academia
Un componente central de la estrategia de legitimación de esta política es la creación de un comité científico interdisciplinario. El 15 de abril de 2026, el gobierno presentó a un grupo de expertos provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), especializados en geofísica, hidrogeología, geotermia y gestión de residuos peligrosos. Este grupo tiene la encomienda de evaluar, en un plazo no mayor a dos meses, la viabilidad técnica y ambiental de la explotación de gas shale en regiones específicas del país.
La presidenta ha subrayado que la decisión final sobre “dónde sí y dónde no” se realizará el fracking dependerá exclusivamente de los resultados de este comité, y no de criterios políticos. Sin embargo, esta delegación de responsabilidad a la “élite científica” ha sido vista por organizaciones sociales como un intento de despolitizar un debate que tiene profundas implicaciones en los derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas.
Áreas estratégicas y metas de producción
El Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 ha identificado tres cuencas prioritarias para la implementación del fracking sustentable, las cuales concentran el mayor potencial de recursos no convencionales en México: Cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas): Considerada la región con mayor prospectividad de gas shale en el país, similar en geología a la cuenca de Eagle Ford en Texas. Cuenca de Tampico-Misantla (Veracruz y Puebla): Donde se encuentran los yacimientos más complejos pero también los más ricos en hidrocarburos líquidos asociados al gas. Cuenca de Sabinas: Enfocada en la extracción de gas asociado a minas de carbón, lo que permitiría utilizar el agua ya contaminada de las minas para los procesos de fractura.
El objetivo central de esta política es pasar de una extracción actual de 2,300 MMpcd de gas natural a un volumen de aproximadamente 5,800 MMpcd al terminar el sexenio, con una meta final de 8,600 MMpcd para el año 2035. De cumplirse estas metas, México podría reducir sus importaciones de gas en más de un 60%, alcanzando una autosuficiencia que blindaría al sistema eléctrico nacional de choques externos.
Contradicciones y el uso de eufemismos en el plan de Pemex
Uno de los aspectos más críticos de la política energética de 2026 es el uso de un lenguaje técnico deliberadamente ambiguo para evitar el estigma asociado a la palabra fracking. En el “Plan Estratégico de Pemex 2025-2035”, el término “fractura hidráulica” aparece con escasa frecuencia, siendo sustituido por eufemismos como “estimulación de yacimientos de geología compleja”, “recuperación en plays no convencionales” o “esquemas de extracción de bajo impacto hídrico”.
La Alianza Mexicana contra el Fracking ha denunciado que esta estrategia comunicativa es “tramposa” y busca confundir a la ciudadanía para escudarse frente a las exigencias de prohibición que el mismo movimiento de la 4T impulsó durante años. Para los activistas, no existe una distinción técnica real entre la “estimulación de geología compleja” y el fracking, ya que ambas implican la inyección de fluidos a alta presión para romper la roca madre.
El dilema del metano y la emergencia climática
Desde la perspectiva científica independiente, el “fracking sustentable” enfrenta el desafío insuperable de las emisiones de metano. El metano es un gas de efecto invernadero extremadamente potente, con un potencial de calentamiento global 86 veces superior al del dióxido de carbono en un horizonte de 20 años. Estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que las fugas de metano en proyectos de gas shale superan en un 30% a las de la extracción convencional, lo que comprometería los objetivos de mitigación climática que la propia presidenta Sheinbaum ha defendido en foros internacionales como el Acuerdo de París.
A pesar de que el gobierno propone el uso de tecnologías de monitoreo satelital, la infraestructura de Pemex —caracterizada por la falta de mantenimiento y derrames frecuentes— genera escepticismo sobre la capacidad del Estado para garantizar una operación libre de fugas. Organizaciones como Greenpeace han señalado que apostar por el gas fósil bajo el pretexto de una “transición” es un error que consolidará el modelo extractivista por décadas, alejando a México de una verdadera matriz energética renovable.
Reacción de la sociedad civil y pueblos indígenas
El giro hacia el fracking ha provocado una fractura dentro de la base de apoyo de la Cuarta Transformación. Más de 80 organizaciones ambientales y de derechos humanos han acusado a la presidenta de “traición al pueblo” por incumplir el compromiso 87 de su plataforma de campaña. El descontento se ha manifestado con especial fuerza en comunidades indígenas de San José Pequetzén y la Huasteca Potosina, donde el lema “¡No al fracking, sí a la vida!” ha vuelto a cobrar vigencia.
La ruta legal de la resistencia se articula sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los artículos 6 y 7 de dicho convenio exigen la realización de procesos de consulta previa, libre e informada antes de autorizar cualquier proyecto que afecte el territorio de los pueblos originarios. Representantes comunitarios han denunciado una campaña de hostigamiento por parte de “servidores de la nación” que recorren las comunidades para coartar las asambleas indígenas y asegurar la aceptación de los proyectos de Pemex.
Argumentos de la oposición y la sociedad civil
Inexistencia del fracking sustentable: el colectivo sostiene que la técnica es inherentemente destructiva y que el “maquillaje tecnológico” no borra dos décadas de evidencia sobre sus impactos en la salud pública y el clima.
Riesgos hídricos irreversibles: a pesar de la promesa de no usar agua potable, el reciclaje de millones de litros de agua contaminada con sales y sustancias radioactivas del subsuelo plantea un riesgo de filtración a los mantos freáticos que no puede ser eliminado totalmente.
Viabilidad económica de Pemex: los críticos cuestionan si Pemex, con su elevada deuda financiera, puede asumir los costos incrementales de implementar tecnologías de reciclaje y mitigación que son significativamente más caras que el método convencional.
Profundización de desigualdades: denuncian que la apuesta por el gas fósil consolida un modelo corporativo que debilita la autonomía energética comunitaria y desplaza la inversión en energías limpias como la solar y la eólica.
Implicaciones geopolíticas: México ante el modelo de Texas
Uno de los argumentos más contundentes que ha utilizado Claudia Sheinbaum para defender su cambio de postura es la vecindad con Estados Unidos. La mandataria ha señalado que México es el mayor comprador individual de gas natural estadounidense en el mundo y que este suministro proviene de proyectos de fracking ubicados a escasos metros de la frontera mexicana en Texas. Desde esta lógica, México ya está asumiendo los costos ambientales indirectos del fracking (a través de la huella de carbono global y la dependencia económica), pero sin obtener los beneficios de la producción nacional y la generación de empleos.
Además, el contexto político en Estados Unidos en 2026, con una agenda de dominancia energética agresiva impulsada por el presidente Donald Trump, coloca a México en una situación de “urgencia geopolítica”. La posibilidad de que el suministro de gas sea utilizado como una herramienta de presión política o que eventos climáticos recurrentes vuelvan a interrumpir el flujo, obliga al gobierno mexicano a buscar un “blindaje industrial”.
Comparativa de Recursos y Capacidad de Extracción
| Región / Cuenca | Tipo de Gas | Potencial Estimado (Tpc) | Infraestructura Existente |
| Cuenca de Burgos (México) | Shale (No convencional) | 141 (Combinado) | Oleoductos y gasoductos fronterizos. |
| Eagle Ford (Texas, EE. UU.) | Shale (No convencional) | Alta producción activa | Sistema de transporte maduro y tecnificado. |
| Tampico-Misantla (México) | Lutitas / Crudo pesado | Alto potencial líquido | Zona con declive en producción convencional. |
La apuesta de la administración Sheinbaum es que México pueda replicar el éxito de extracción de Estados Unidos, pero bajo un marco regulatorio más estricto y con una rectoría estatal fortalecida. Sin embargo, la brecha tecnológica es profunda. Pemex no domina plenamente la técnica de fractura horizontal multietapa, lo que abre la puerta inevitablemente a la participación de empresas trasnacionales estadounidenses (como Halliburton o Schlumberger) bajo esquemas de contratos mixtos. Esta realidad choca directamente con la promesa de no otorgar concesiones y de mantener un control nacionalista sobre el subsuelo.
Conclusiones sobre la dialéctica de la soberanía en la 4T
La transición de la postura histórica anti-fracking de la Cuarta Transformación hacia la política de “fracking sustentable” en 2026 representa uno de los ejercicios de realismo político más audaces y controvertidos de la administración de Claudia Sheinbaum. El análisis de esta contradicción revela que la soberanía energética, definida como la capacidad de asegurar el suministro eléctrico nacional sin dependencia de factores externos, ha desplazado a la precaución ambiental dogmática como el objetivo supremo de la razón de Estado.
Las contradicciones identificadas se resumen en tres niveles fundamentales:
Contradicción discursiva: el tránsito de la promesa explícita de prohibición en el “Paso 87” de campaña a la apertura técnica de 2026, justificada por una redefinición tecnológica del término.
Contradicción institucional: el uso de eufemismos en el Plan Estratégico de Pemex para continuar con la fractura hidráulica mientras se sostiene políticamente que el “fracking tradicional” sigue prohibido.
Contradicción ambiental: el dilema entre el perfil científico de la presidenta, conocedora de los riesgos del metano y el cambio climático, y su papel como jefa de Estado obligada a evitar un colapso económico derivado de la carestía del gas importado.
El futuro de esta política dependerá de la capacidad del comité científico para establecer límites reales y de la voluntad del gobierno para realizar consultas auténticas con las comunidades afectadas. Si el “fracking sustentable” logra implementarse con los estándares de reciclaje y biodegradabilidad prometidos, México podría sentar un precedente internacional en la gestión de recursos no convencionales. De lo contrario, este giro será recordado como el momento en que la Cuarta Transformación sacrificó uno de sus compromisos éticos más profundos en aras de una soberanía energética condicionada por la urgencia de la crisis. La fractura, por tanto, no es solo del subsuelo, es también la de una narrativa política que ha tenido que adaptarse a las crudas realidades de un orden energético mundial en constante turbulencia.
