Por Carlos Chavarria Garza
Sobre la promesa de la gobernanza digital y lo que realmente se juega en la transformación administrativa del Estado mexicano. Durante una conferencia matutina el 24 de abril de 2026, Sheinbaum declaró que su sueño es eliminar el uso excesivo de papel y la burocracia basada en oficios físicos, transitando hacia un sistema digitalizado que agilice los procesos gubernamentales.
Toda promesa de modernidad merece ser estudiada y cuestionada. Cuando un gobierno anuncia que eliminará el papel, la burocracia física y los «oficios» para dar paso a procesos digitales, la pregunta no es si la tecnología puede lograrlo —puede— sino a quién sirve realmente esa transformación y quién controlará sus llaves.
El proyecto de gobernanza digital impulsado por la administración federal se presenta como una cruzada de eficiencia: menos trámites, menos papel, auditorías más ágiles, rastros digitales que reemplazarán los expedientes físicos. La narrativa es atractiva. Pero narrativas atractivas son, precisamente, el terreno donde se esconden los cambios de poder más profundos.
Para entender lo que verdaderamente está en juego, es necesario separar dos preguntas que con frecuencia se confunden: ¿puede la digitalización mejorar la gestión pública? Sí, en condiciones adecuadas. ¿Es eso lo que ocurre aquí? Esa es la pregunta que esta reflexion busca responder.
La transparencia como coartada. El argumento oficial es que un rastro digital es, por naturaleza, más transparente que el papel. Se esgrime como justificación la facilidad de auditoría que tendría la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. A primera vista, el razonamiento parece sólido. Sin embargo, descansa sobre una confusión deliberada o inadvertida: equiparar la digitalización de datos con la apertura de esos datos.
Un archivo digital puede ser igual de opaco que un expediente en papel guardado bajo llave, con una diferencia fundamental: puede ser editado, borrado o bloqueado en milisegundos, sin dejar rastro físico, y puede restringirse su acceso mediante argumentos técnicos —»protocolos de seguridad», «datos sensibles», «sistemas en mantenimiento»— que resultan imposibles de refutar para cualquier ciudadano externo.
La clave de esta transformación no parece residir en eliminar las malas prácticas, sino en centralizar tecnológicamente el control de la información. La verdadera modernización administrativa no consiste en migrar los procesos al mundo digital: consiste en reformar las estructuras que generan la opacidad. Si las reglas del gasto discrecional permanecen intactas y solo cambia el soporte en el que se registran, el resultado no es mayor transparencia, sino la misma oscuridad con una interfaz más elegante.
El panóptico y sus guardianes. El filósofo Jeremy Bentham imaginó el panóptico como una prisión donde un solo vigilante podía observar a todos los presos sin ser visto. Michel Foucault lo convirtió en metáfora del poder moderno: quien controla la información controla la conducta. La centralización digital que se propone en México —bajo la égida de entidades como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— replica esta arquitectura, pero en sentido inverso: no es el ciudadano quien puede observar al Estado, sino el Ejecutivo quien adquiere el control absoluto sobre el flujo de los datos gubernamentales.
En el sistema actual, tan criticado por sus ineficiencias, la fragmentación burocrática tiene una consecuencia no buscada pero real: las filtraciones. Los documentos físicos, los procesos redundantes y la multiplicidad de actores institucionales crean brechas por donde escapa la información que exhibe irregularidades. No es un mecanismo de transparencia elegante, pero funciona. Al migrar hacia una plataforma centralizada, el gobierno adquiere la capacidad de «curar» la información en tiempo real: decidir qué datos existen, cuáles son accesibles y cuáles permanecen técnicamente fuera del alcance del escrutinio externo.
La digitalización sin reforma sustantiva a los procesos no elimina la corrupción. La reemplaza por una versión más eficiente y mucho más difícil de detectar: aquella que no deja rastro en papel, que no requiere intermediarios físicos y que puede ocultarse detrás de una interfaz institucional de aspecto impecable.
La erosión de los contrapesos. Para que una digitalización administrativa sea genuinamente democrática, requeriría de algo que el contexto político actual hace cada vez más improbable: la vigilancia permanente de un organismo ciudadano autónomo, con acceso irrestricto a los algoritmos que gestionan los datos, capacidad para auditar los sistemas en tiempo real y poder legal para exigir la apertura de las bases de datos.
La tendencia actual apunta exactamente en dirección contraria. La desaparición del INAI —el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos— elimina precisamente ese árbitro independiente. Sin él, la «llave» de los datos queda exclusivamente en manos de quienes son sujetos de ser auditados. Es como encargar al banquero la supervisión de su propio banco, y además quitarle a los ahorradores el derecho de revisar sus estados de cuenta.
Ningún sistema digital es neutro. Todo algoritmo tiene a alguien que lo diseña, alguien que lo opera y alguien que decide qué preguntas puede responder y cuáles no. Si ese alguien es el propio gobierno, sin contrapeso institucional efectivo ni acceso ciudadano real, la arquitectura técnica se convierte en arquitectura de poder.
Habrá quienes, desde una tecnocracia reduccionista, argumenten que la centralización digital es intrínsecamente superior porque sustituye el ‘ruido’ analógico del papel por la ‘inmutabilidad’ del código. Es el refugio de quienes confunden deliberadamente la trazabilidad técnica con la rendición de cuentas política. En el diseño de sistemas, la inmutabilidad es una opción, no un destino; un log de datos es solo tan honesto como el administrador que posee la llave maestra del servidor.
Ignorar que un algoritmo puede ser diseñado con ‘puertas traseras’ para la opacidad, o que la complejidad técnica puede ser usada como el nuevo muro de Berlín para el ciudadano común, es de una ingenuidad sospechosa. Defender la modernización administrativa mientras se desmantelan los organismos autónomos de vigilancia no es buscar la eficiencia; es trabajar para automatizar la discrecionalidad y elevar la corrupción a un nivel de sofisticación donde el rastro del abuso sea, por diseño, invisible para el ojo humano.
Lo que una modernización genuina requeriría.Si el objetivo real fuera reducir el peso del Estado y hacer más eficiente la gestión pública —no concentrar su control— las medidas necesarias son conocidas y no son secreto para nadie que haya estudiado experiencias exitosas de transformación digital en democracias funcionales.
Primero: fortalecer, no debilitar, los organismos de transparencia y acceso a la información, dotándolos de recursos técnicos suficientes para auditar sistemas digitales complejos. Segundo: garantizar la interoperabilidad abierta de las plataformas gubernamentales, de modo que ciudadanos, periodistas e investigadores puedan acceder a los datos en formatos que permitan su análisis independiente. Tercero: establecer mecanismos de supervisión ciudadana con poder vinculante —no consultivo— sobre los criterios de clasificación y reserva de información. Cuarto: promover la desregulación real, eliminando los procesos que generan rentas para funcionarios, no solo migrándolos a una pantalla donde el mismo funcionario siga controlando el acceso.
La reducción del peso del Estado no se logra digitalizando las mismas estructuras con los mismos incentivos perversos. Se logra eliminando los cuellos de botella que hacen necesaria la discrecionalidad, abriendo los datos públicos de manera genuina y creando los contrapesos que hagan costoso el abuso de la información.
La innovación como legitimación. Hay algo profundamente revelador en la estética de este proyecto. Hablar de «transformación digital», de «gobernanza de datos», de «eficiencia algorítmica» coloca al gobierno en el terreno del futuro y a sus críticos en el pasado. Quien cuestiona el modelo es, implícitamente, quien defiende el papel, la burocracia, el trámite eterno.
Esa es, precisamente, la trampa retórica que conviene detectar. El problema con la administración pública mexicana no es que use papel. El problema es que sus estructuras de gasto, sus mecanismos de contratación y sus circuitos de rendición de cuentas han sido históricamente diseñados —o mantenidos— para servir a quien ejerce el poder, no a quien financia ese poder con sus impuestos.
Migrar esas estructuras al mundo digital sin reformarlas en lo sustancial no es modernización. Es perfeccionamiento. La eficiencia técnica, puesta al servicio de la opacidad, produce opacidad más eficiente. Y la fachada de innovación tecnológica añade un ingrediente adicional: la apariencia de progreso, que hace más difícil la crítica y más costosa la resistencia ciudadana.
Lo que está en juego. Lo que se decide en los próximos años con la arquitectura del Estado digital mexicano no es solo cómo se tramitan los permisos o cómo se registran las facturas gubernamentales. Se decide quién tiene acceso a la información sobre cómo se ejerce el poder, y quién no lo tiene.
Una democracia sin información pública real no es una democracia incompleta: es una simulación. Los ciudadanos pueden votar cada seis años sin saber cómo se ha gastado su dinero, sin conocer los contratos que se han firmado en su nombre, sin entender los algoritmos que determinan a quién benefician las políticas públicas. El voto, en esas condiciones, es un ritual vacío.
Por eso, la pregunta que toda persona interesada en la salud del sistema democrático mexicano debería hacerse no es ¿es buena idea digitalizar la administración pública? —la respuesta es sí, bajo las condiciones correctas— sino «¿quién controlará esos datos, quién podrá cuestionarlos y qué herramientas tiene la sociedad para evitar que esa centralización se convierta en control?
La respuesta a esa pregunta, hoy, es incómoda. Y esa incomodidad es la razón por la que este debate merece ocupar el centro de la conversación pública.
