Por Valeria Riaño / IA
La problemática de la calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey ha mutado de ser una preocupación ambiental periférica para convertirse en una crisis de gobernanza, salud pública y viabilidad económica. Monterrey, históricamente celebrada como la capital industrial de México, enfrenta hoy las facturas de un modelo de desarrollo que priorizó la expansión manufacturera sobre la resiliencia ecosistémica.
Resolver la contaminación de Monterrey, sin embargo, no es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum quien se comprometió, los primeros días de noviembre de 2024, a elaborar un inventario de emisiones para poder determinar cuáles son las fuentes contaminantes y crear estrategias para disminuirlas. Pasó un año, y diciembre de 2025, y enero, febrero, marzo y abril de 2026 y aún no se conoce públicamente ese inventario. Obvio, no ha sido una prioridad para el gobierno de la doctora Sheinbaum.
Nos encontramos en una encrucijada donde la evidencia científica, generada por instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Centro Mario Molina, colisiona frontalmente con las realidades operativas de gigantes como Pemex, Ternium y Cemex. La trayectoria del deterioro atmosférico en Monterrey es el resultado de ciclos económicos y una geografía implacable. La “cuenca de Monterrey”, flanqueada por la Sierra Madre Oriental, funciona como un depósito natural de contaminantes, especialmente en invierno.
Desde mediados del siglo XX, la industria pesada sentó las bases de la emisión de gases. Sin embargo, no fue sino hasta las últimas dos décadas que el Sistema de Monitoreo Ambiental permitió cuantificar la magnitud del daño. En 2005, se registraron niveles críticos de PM10, pese a los esfuerzos regulatorios, para 2026 las concentraciones de PM2.5 duplicaban los límites sugeridos por la OMS.
El Centro Mario Molina en 2018 reveló un patrón crítico: el flujo de contaminantes viaja de este a oeste. Las emisiones de Cadereyta y Pesquería son transportadas por el viento hacia el noroeste, convirtiendo a García en el principal receptor de la polución regional. En el polígono de Ciudad Universitaria, por ejemplo, 85 mil alumnos respiran aire afectado por la proximidad de plantas como Ternium.
El hallazgo más alarmante de 2026 proviene de un estudio conjunto de la Secretaría de Salud estatal y Tec Salud. Se reveló que el 30% de los niños evaluados en Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) presentan intoxicación por plomo. Los casos más graves se concentran en el norponiente (Escobedo y Apodaca). Esto derivó en la clausura de la planta Zinc Nacional en 2025, tras detectarse niveles de plomo y arsénico 1,760 veces superiores a los umbrales permitidos.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha elevado la crisis de Monterrey a prioridad nacional en su documento “100 pasos para la transformación”. El compromiso número 93 promete una atención integral a las tres zonas más críticas del país: Monterrey, Guadalajara y CDMX. Sin embargo, la ejecución técnica enfrenta un bache de credibilidad. El 25 de marzo de 2026, la mandataria se comprometió ante la Caintra a entregar en “dos semanas” un inventario detallado de emisiones elaborado por la UNAM. A finales de abril, más de un mes, el diagnóstico sigue sin aparecer, prolongando un clima de incertidumbre y el “reparto de culpas” entre sectores.
La crisis ambiental de Monterrey exige una transición urgente de la retórica política a la acción técnica basada en datos. El retraso en el inventario de la UNAM debilita la confianza en la solución científica. Mientras el diagnóstico oficial se posterga, la realidad es ineludible: el costo de la inacción no se mide en indicadores económicos, sino en la salud y el capital humano de las generaciones que hoy respiran plomo en Nuevo León.
