Por Francisco Villarreal
La acusación contra Raúl Rocha Moya, morenista, es inquietante pero no es novedosa. Hasta Isabel Díaz Ayuso, presidenta fascista de Madrid, que oportuna y sospechosamente turistea en México, emite esa misma acusación contra cualquier gobierno que no le acomode a su demencia franquista/hitleriana. Tampoco sorprende a los mexicanos, porque durante décadas hemos supuesto, con frecuencia con mucha razón, que funcionarios públicos estarían coludidos con grupos criminales, o subordinados a ellos por nómina o bajo amenaza. El que Estados Unidos “denuncie” no sólo a Rocha Moya, sino a más personas relacionadas con la 4T, tampoco es sorpresivo, porque ese ha sido su tema musical favorito desde hace años y la narrativa infaltable de campañas contra todos los gobiernos progresistas, o aquellos que estorben al frenesí sionista/fascista por dominar el mundo… Pinky Trump and the Bibi Brain. Sigo pensando que no se debe defender a ciegas a Rocha Moya, pero tampoco se debe exigir su cabeza sólo para adornar la galería de caza de Trump. México, por higiene política, tendrá que investigar el que hasta ahora sólo es otro de los chismes que genera el gobierno estadounidense para debilitar regímenes que le incomodan. La dinámica del chisme, la acusación sin pruebas, es cotidiana en el trumpismo, incluso internamente contra cualquier político, funcionario, periodista, o ciudadano que se le oponga. Hasta se intentó condenar a muerte a legisladores demócratas sólo por citar el reglamento del ejército. En México muchos vendepatrias se suman a la narrativa golpista de Trump contra México y contra todos los países progresistas. Y de esos, no pocos deberían hacerlo desde una cárcel mexicana o estadounidense. El sistema judicial mexicano y sus fiscalías han sido omisos, cuando no tibios, para procesar a políticos y funcionarios corruptos. Y la estadounidense sólo deshecha a los siervos que ya no le sirven.
Por el momento, la seriedad con la que Rocha Moya tomó el caso me parece excesiva. Si es verdad que la acusación no está sustentada por pruebas válidas para la Justicia en México, no tendría por qué solicitar licencia. ¿Podría Trump aplicarle a Rocha la misma receta que a Nicolás Maduro? No es probable pero tampoco imposible si consideramos que Estados Unidos está gobernado por un demente. Me parece bien que Rocha se ponga a disposición de la justicia para ser investigado, que rechace el fuero. Quiero pensar que lo hizo voluntariamente. Que se sepa, no ha tramitado amparos contra detención o extradición. Sí se le ha proporcionado protección de seguridad, y no creo que sea contra el crimen organizado mexicano, sino contra el crimen organizado del gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, la ofensiva mediática sigue en marcha, y los personeros mexicanos de Trump esperan con ansias la línea de su amado líder anaranjado para seguir escandalizando, y para luego escandalizarse por el escándalo.
Coincidencia o consecuencia, el caso de Rocha no es el de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. En Chihuahua sí hay evidencias de la intervención de agentes de la CIA, esa entidad tenebrosa gestora de inestabilidad política. Si en verdad los agentes participaron en un operativo relacionado con algún cártel de narcotraficantes, es más factible que fuera para negociar o colaborar con él. La renuncia del fiscal chihuahuense es asombrosamente similar a la renuncia de Pam Bondi a la Fiscalía trumpista para evitar dar explicaciones sobre el ilegal ocultamiento de los expedientes del cártel Trump-Epstein. No se trata, como dice Maru, de criticar su lucha contra el narcotráfico sino de quiénes estaban involucrados en el operativo. El tema es que había agentes de la CIA operando en Chihuahua sin el conocimiento del gobierno federal, de ninguno de sus tres poderes. Hay un acto claro de traición que no puede justificarse de ninguna manera, y que obliga identificar y castigar a quienes sean responsables, esté o no esté Maru Campos entre ellos. Aquí no se trata de persecución política, la “defensa” favorita de todos los políticos mexicanos, especialmente de la actual oposición. Esto no se trata de ideología, es un acto de sedición. Por pura decencia, la gobernadora panista Maru Campos debería seguir el ejemplo del gobernador morenista Rubén Rocha y, como él, pedir licencia y despojarse del fuero, para facilitar la investigación y así afirmar su inocencia.
Ya de por sí confabularse con agentes de un gobierno extranjero es un acto de traición. Pero el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua se ha complicado todavía más, porque la posterior acusación contra el gobernador de Sinaloa y otros políticos mexicanos no oculta, sino que destaca más el hecho, ahora se ve como una operación a gran escala contra el gobierno de México. La tutela yanqui de esto adquiere dimensiones internacionales que, si somos curiosos, podemos rastrear hasta el documento en el que Trump anunció su estrategia para la seguridad nacional de Estados Unidos, una amenaza clara y potente contra todos los países de América. En el supuesto caso de que la Justicia en México halle culpable a Rocha Moya de confabularse con criminales, deberá ser procesado en México. Pero Estados Unidos no pide, ordena que se le extradite. Esto sólo podrá ser legal en el caso de que sus todavía presuntos delitos afecten DIRECTAMENTE a Estados Unidos DENTRO de Estados Unidos, que sea avalado por leyes internacionales y, además, por tratados bilaterales. De ser cómplice de criminales en México, debería ser procesado y condenado en México. Por el contrario, Maru Campos, en el supuesto caso de que esté confabulada con un gobierno extranjero, no habría razón para extraditarla, sería necesario procesarla en México porque es el país directamente afectado y porque este tipo de delitos no son solitarios, sino que implican una red de complicidades que muy probablemente se extiendan a otros estados de la República e incluso a medios, empresarios y políticos mexicanos.
Maru finge demencia para distraernos. Los estados sí luchan contra el narcotráfico pero sus facultades y alcance son muy limitados; sus operativos son de escasas consecuencias si no participa el gobierno federal. La dimensión de los casos de Rubén Rocha y Maru Campos no tiene ninguna comparación. Uno nace de una presunción sin pruebas todavía, el otro surge de evidencias contundentes. ¿Seguiremos resolviendo estos temas con omisiones y tibieza como de costumbre? Es urgente que ambos lleguen hasta sus últimas consecuencias, porque no se trata de sólo sacar del gobierno a corruptos, criminales, traidores y sediciosos, se trata de castigar cada caso con el rigor de nuestras leyes. Sin escarmiento no hay arrepentimiento ni redención. Corremos el riesgo de dirigirnos a un gobierno caótico donde se indulte y hasta premie a criminales y delincuentes; incluso podríamos llegar a tener a un delincuente convicto como presidente… Justo como en Estados Unidos.
