La Secretaría de Hacienda informó, a través de la UIF, «sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa»; reporta MILENIO.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano.
«Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo», señala la dependencia.
Además, con base en los reportes bancarios, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
«La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.»
Asimismo, informaron que «actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.»
Acceso a información sin bloquear cuentas
El 15 de mayo el gobierno federal requirió información sobre las cuentas, contratos, saldos e identificaciones del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus hijos.
Fuentes del sector financiero confirmaron a MILENIO que la información solicitada fue sobre el morenista y sus hijos José de Jesús Rocha Ruiz, Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y Eneyda Rocha Ruiz.
Detallaron que los oficios en donde se hizo la petición formal sobre el estado financiero de los Rocha se entregó el miércoles 13 de mayo. De esta manera, se iniciaron las indagatorias mientras el gobernador con licencia y su familia pueden seguir operando sus cuentas.
Hace dos semanas, se dio a conocer que la Fiscalía de Nueva York presentó una acusación por narcotráfico en contra de Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios estatales.
Las autoridades estadunidenses aseguran que el mandatario estatal y los oficiales del estado colaboraron con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a los Estados Unidos.
Imagen portada: Cuartoscuro
