El Gobierno de Monterrey oficializó la cancelación definitiva del contrato que mantenía con el consorcio integrado por Next Energy de México, Constructora Maíz Mier y Eólica Santa Catarina, tras acreditar incumplimientos y retrasos en los compromisos pactados.
La rescisión administrativa puso fin a la relación contractual y, de acuerdo con el municipio, permitió proteger el patrimonio público y cerrar el proceso con un balance financiero favorable para la ciudad.
El contrato tuvo origen en marzo de 2020, luego de una licitación nacional en la que participaron cinco propuestas. El esquema contemplaba el suministro de energía limpia para el alumbrado público y las dependencias municipales, sin que el Ayuntamiento adquiriera infraestructura. Los pagos estarían sujetos a la generación y consumo efectivo de energía, con una promesa de ahorro de entre 16 y 26 por ciento en la facturación eléctrica.
Como parte del acuerdo, las empresas debían construir una planta de generación limpia en un plazo de un año, la cual pasaría a ser propiedad municipal al término del convenio. Sin embargo, la obra nunca se realizó.
Ante el incumplimiento, la administración municipal de ese periodo aplicó sanciones que generaron ingresos por 174.5 millones de pesos en multas, sin que se registrara avance alguno en la construcción de la central eléctrica.
En mayo de 2024, la administración siguiente modificó el contrato mediante un convenio que sustituyó la planta por la instalación de aproximadamente 45 mil paneles solares distribuidos en postes de alumbrado, espacios públicos y edificios municipales a través de mil 397 microplantas.
Con esa modificación se emitieron pagarés por más de 3 mil 150 millones de pesos a favor del proveedor, comprometiendo pagos mensuales de hasta 49 millones de pesos. Al concluir dicha administración, no existían avances en la interconexión de los paneles para beneficio de la ciudad.
Al asumir funciones, la actual administración realizó auditorías y revisiones técnicas que detectaron la inactividad del proyecto y deficiencias en las cláusulas de protección para el municipio.
A partir de esas revisiones, el Gobierno municipal implementó acciones legales que permitieron recuperar condiciones similares a las establecidas en el contrato original de 2020.
Como resultado, el municipio obtuvo 239 millones de pesos por adeudos derivados de incumplimientos, 32 millones de pesos por descuentos relacionados con el consumo energético y 2.5 millones de pesos por penalizaciones directas. Además, adquirió la propiedad del terreno donde se proyectaba construir la planta generadora.
Paralelamente, se instalaron cerca de 6 mil paneles solares que actualmente generan ahorros energéticos para el municipio.
La administración municipal señaló que la cancelación definitiva también respondió a la complejidad operativa de administrar más de mil 300 contratos individuales y medidores bidireccionales ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como a los constantes retrasos del proveedor.
Con la rescisión administrativa, Monterrey anuló los pagarés por más de 3 mil 150 millones de pesos que comprometían pagos futuros a largo plazo.
El Gobierno de Monterrey reiteró que mantendrá una política de vigilancia permanente sobre el uso de los recursos públicos y afirmó que continuará actuando para proteger el patrimonio municipal y el interés ciudadano.
Imagen portada: El Porvenir
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