Por Valeria Riaño / IAQuemada
La apertura formal del procedimiento de juicio político contra Samuel García ha devuelto a Nuevo León a un terreno conocido: la confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, el episodio iniciado en junio de 2026 posee una diferencia relevante respecto a conflictos anteriores. Esta vez la presión no proviene únicamente del PRI y PAN. El detonante formal surgió desde Morena, partido que decidió convertir las acusaciones de presunta triangulación de recursos públicos en una ofensiva política y jurídica contra el gobernador de Movimiento Ciudadano.
La Comisión Anticorrupción aprobó el inicio del procedimiento con el respaldo del PRI, PAN y Morena, estableciendo como fecha límite el 23 de junio para que el mandatario comparezca personalmente o presente una defensa por escrito. El expediente se apoya en denuncias que señalan presuntas transferencias de recursos públicos hacia despachos jurídicos vinculados con familiares del gobernador. La acusación es grave y coloca al Congreso en una posición de máxima confrontación institucional. Pero la noticia más significativa de los últimos días quizá no ocurrió dentro del Congreso, sino dentro de Morena.
La ausencia de diputados morenistas en momentos clave del procedimiento provocó una crisis interna que terminó exhibiendo las contradicciones del propio bloque acusador. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrió investigaciones contra legisladores que faltaron a la sesión donde se impulsaría el juicio político y el partido impuso medidas cautelares, restricciones de representación pública y sanciones políticas mientras se desarrolla el procedimiento interno. Morena considera que esas ausencias dañaron la imagen del movimiento y favorecieron políticamente al gobernador.
El partido que busca encabezar la ofensiva contra Samuel García terminó obligado a disciplinar a parte de su propia bancada para sostener la viabilidad política de esa ofensiva. Esa circunstancia revela algo más profundo: el juicio político ya dejó de ser solamente un expediente jurídico. Se convirtió en una prueba de cohesión para todas las fuerzas involucradas. Movimiento Ciudadano intenta cerrar filas alrededor del gobernador; PRI y PAN buscan capitalizar el desgaste del Ejecutivo; Morena trata de demostrar que puede actuar como oposición efectiva sin exhibir fisuras internas.
La pregunta central ya no es si existe capacidad para abrir el procedimiento. Esa etapa está superada. La pregunta es si existe capacidad para sostenerlo hasta sus últimas consecuencias.
La experiencia reciente aconseja cautela. Desde 2022, Samuel García ha enfrentado múltiples conflictos institucionales con el Congreso. Juicios políticos previos, controversias constitucionales, disputas presupuestales y desacuerdos sobre nombramientos terminaron recorriendo una ruta conocida: los tribunales. En varios casos, suspensiones y amparos federales alteraron o frenaron las decisiones legislativas. Por ello, el calendario político importa tanto como el jurídico.
Aunque la fase legislativa podría avanzar durante los próximos meses, la judicialización parece prácticamente inevitable. Si el expediente se traslada al ámbito de los tribunales, el conflicto podría extenderse durante buena parte de 2027. No sería una anomalía. Sería la continuación lógica del patrón de litigio político que ha caracterizado la relación entre los poderes en Nuevo León.
Ahí aparece el verdadero cuello de botella institucional. Existe una narrativa que presenta al Congreso como el actor decisivo. En realidad, el diseño constitucional establece que el Legislativo puede iniciar, investigar y votar procedimientos, pero una eventual sanción definitiva requiere la intervención de otras instancias jurisdiccionales. El Tribunal Superior de Justicia y, eventualmente, la justicia federal, se convierten en actores tan importantes como los propios diputados.
Si la fase legislativa avanzara sin obstáculos, un juicio político podría recorrer sus primeras etapas en un plazo aproximado de tres a seis meses. Sin embargo, una judicialización intensa podría extender el litigio entre seis y dieciocho meses. Y si eventualmente surgiera una solicitud de declaración de procedencia o desafuero vinculada a responsabilidades penales, los tiempos podrían ampliarse aún más. El escenario más realista no apunta a una resolución fulminante durante 2026, sino a un conflicto capaz de proyectarse hacia buena parte de 2027. Por eso el desenlace no se definirá el 23 de junio ni necesariamente en el pleno del Congreso. Lo que está comenzando es una batalla de resistencia. Y mientras esa batalla se desarrolla, la sucesión de 2027 seguirá acercándose. La ironía es que el juicio político nació como una herramienta para debilitar al gobernador. Sin embargo, conforme avanza el proceso, también está funcionando como una radiografía de las fortalezas y debilidades de quienes intentan construir la alternativa política al proyecto de Samuel García. En Nuevo León, la disputa ya no es únicamente contra el gobernador. Es por el control de la narrativa, de las instituciones y, sobre todo, del escenario que definirá la próxima elección estatal.
