Por Valeria Riaño / IAQuemada
La crisis eléctrica que vivió el área metropolitana de Monterrey durante junio de 2026 no debe interpretarse como una contingencia aislada ni como la consecuencia inevitable de un episodio meteorológico extremo. Lo ocurrido constituye una advertencia estructural sobre el estado real de la infraestructura energética mexicana y sobre la creciente distancia entre el discurso oficial de suficiencia eléctrica y la experiencia cotidiana de millones de usuarios.
En menos de cuarenta y ocho horas, Nuevo León enfrentó dos fenómenos climáticos opuestos pero complementarios en sus efectos. Primero, temperaturas históricas superiores a los 45 grados centígrados impulsaron una demanda extraordinaria de electricidad asociada al uso masivo de sistemas de climatización. Después, tormentas severas, inundaciones y descargas eléctricas golpearon una red que ya operaba bajo condiciones de estrés. El resultado fue una cadena de apagones que afectó a cientos de miles de personas y dejó expuesta la fragilidad de uno de los principales motores industriales de América Latina.
La explicación técnica es particularmente reveladora porque desmonta una narrativa recurrente. Durante años, el debate energético mexicano se ha concentrado en la generación: cuántas plantas se construyen, cuántos megawatts se incorporan y cuál debe ser la participación del Estado en el mercado eléctrico. Sin embargo, el caso de Monterrey demuestra que la disponibilidad de energía no garantiza que ésta llegue de manera confiable a los usuarios.
El problema se encuentra en otro eslabón de la cadena: la transmisión y, sobre todo, la distribución. Transformadores saturados, subestaciones insuficientes, líneas vulnerables a fenómenos climáticos y un rezago acumulado en mantenimiento han convertido a la red urbana en el verdadero cuello de botella del sistema. La paradoja es evidente: puede existir capacidad de generación suficiente y aun así producirse apagones masivos porque la infraestructura encargada de entregar la energía no posee la resiliencia necesaria para soportar picos extraordinarios de consumo.
Las cifras ilustran la dimensión del desafío. La demanda nacional se acercó a los 49 mil megawatts, un nivel próximo a los límites operativos previstos por el propio sistema eléctrico. Paralelamente, organismos empresariales y especialistas han advertido sobre años de subinversión en infraestructura crítica, particularmente en redes locales de distribución. Mientras la demanda continúa creciendo impulsada por el desarrollo industrial, la urbanización y el aumento de temperaturas asociado al cambio climático, la velocidad de modernización de la red avanza a un ritmo claramente insuficiente.
El impacto social fue igualmente significativo. La pérdida de electricidad arrastró consigo la interrupción del suministro de agua potable en diversos municipios debido a la dependencia de los sistemas de bombeo respecto de la energía eléctrica. El episodio reveló una vulnerabilidad poco discutida: la interdependencia de los servicios públicos esenciales. Cuando falla la electricidad, también puede fallar el acceso al agua, multiplicando los riesgos sanitarios y elevando los costos sociales de cualquier contingencia.
Desde la perspectiva económica, el episodio adquiere una dimensión estratégica. Nuevo León no es una entidad cualquiera dentro del sistema productivo nacional. Es uno de los principales polos manufactureros del continente y una pieza clave en la integración comercial de Norteamérica. Las pérdidas estimadas por el sector privado, calculadas en miles de millones de pesos en apenas dos días, ofrecen una muestra de los costos que implica operar con infraestructura energética insuficiente.
La discusión de fondo, por tanto, ya no es exclusivamente ideológica. No se trata de elegir entre Estado o mercado, entre generación pública o privada. El desafío inmediato es construir una red eléctrica capaz de resistir fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes. El cambio climático está transformando las condiciones bajo las cuales fue diseñada gran parte de la infraestructura energética mexicana. Redes concebidas para temperaturas promedio de décadas pasadas ahora enfrentan olas de calor récord, tormentas más intensas y demandas crecientes derivadas de la electrificación de la economía.
Por ello, el verdadero debate energético del sexenio podría desplazarse desde la producción de electricidad hacia la confiabilidad de su distribución. La modernización de transformadores, la automatización de subestaciones, el despliegue de redes inteligentes, el fortalecimiento de la transmisión regional y la incorporación de sistemas de almacenamiento energético dejarán de ser proyectos deseables para convertirse en necesidades urgentes.
Monterrey no sufrió únicamente una serie de apagones. Lo que ocurrió fue una prueba de estrés sobre el futuro energético del país. Y los resultados muestran que la infraestructura mexicana todavía está lejos de estar preparada para las exigencias de la nueva realidad climática y económica.
La pregunta ya no es si volverán a ocurrir episodios similares. La pregunta es si las autoridades actuarán antes de que la próxima crisis encuentre a la red eléctrica en las mismas condiciones de vulnerabilidad que hoy han dejado a una de las ciudades más dinámicas de México, literalmente, a oscuras.
