Por Arnulfo Ruiz Martínez
A raíz del comunicado filtrado del presidente de la Suprema Corte de justicia, Hugo Aguilar Ortiz, donde se desechaba el amparo de Jubilados Pie de Lucha, promovido por el Lic. Antonio Sánchez Pérez, representante jurídico de la organización, se abre el debate sobre la impartición de justicia en Mexico, el hecho cobra un interés relevante ya que pone en la discusión el actuar de la Suprema Corte, en el sentido de su funcionamiento imparcial.
El movimiento Pie de Lucha consideramos que fue determinante en la elección de la Suprema Corte de Justicia actual, ya que su dirigencia acordó apoyar en todos los sentidos a los actuales magistrados, votando masivamente y promoviendo el voto en 26 Estados de la Republica donde se tiene presencia. Esto con la idea de llevar un cambio total y absoluto en el máximo órgano de justicia de la nación –en virtud de que la antigua Corte neoliberal nos dio la espalda y largas de manera deliberada para resolver nuestra demanda– esperando que con el cambio de magistrados se actuara con apego a la verdad, la justicia y la honorabilidad.
¡Oh, sorpresa! Después de múltiples reuniones con la mayoría de los equipos de abogados de los magistrados actuales, de repente el presidente se saca de la manga una resolución en el sentido de desechar el amparo interpuesto para la revisión de la jurisprudencia 185/2008, qué decepción, ya que el mismo presidente se había comprometido a revisar de manera exhaustiva nuestra solida argumentación para la revisión de la infame jurisprudencia 185/2008.
La Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de hacer acopio de información a través de solicitudes en las diferentes dependencias involucradas en el tema, como por ejemplo el IMSS, la pregunta es si ¿la Suprema Corte solicitó información sobre si el Instituto tiene en su poder el dinero del ahorro de los trabajadores jubilados del IMSS? Si la respuesta es afirmativa la siguiente pregunta sería, ¿por qu{e no aparece en el tarjetón de cobro de los jubilados? Si no, entonces quedaría claro que el ahorro ha sido usufructuado por alguna otra entidad, entonces procede solicitar al IMSS información sobre quién pudiera tener ese ahorro de cesantía de los jubilados del IMSS.
En las reuniones que tuvieron lugar en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador con las autoridades como Gobernación, IMSS, etc.…, el director del IMSS, Zoe Robledo, dejo claro que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenía el dinero del ahorro de los trabajadores jubilados del IMSS. Y que ese dinero estaba en manos de la Secretaría de Hacienda.
Al tomar posesión los nuevos magistrados fuimos recibidos con gran amabilidad por parte de varios de ellos tras una protesta enfrente de sus instalaciones y nos aseguraron que revisarían exhaustivamente nuestra petición. Sin embargo, como se señala arriba, eso no ocurrió, es decir, a nuestro parecer no revisaron nuestra petición y argumentos. Actualmente la Corte de Justicia tendría la obligación de solicitar a la Secretaría de Hacienda información de por qué tiene en su poder un dinero que tiene nombre y apellido? Bajo que premisa se está quedando con un dinero que no le pertenece y que no está presupuestado, ¿en qué lo ha estado utilizando? Claro, de ser cierto lo que el director del IMSS nos aseveró en ese sentido.
A la Suprema Corte de Justicia le corresponde revisar y modificar esa infame jurisprudencia resarciendo el daño causado desde el periodo neoliberal y que actualmente sigue vigente. Las preguntas que los trabajadores jubilados del IMSS nos hacemos es por qué la nueva Suprema Corte de Justicia está actuando en contra de los intereses de los jubilados. ¿Es consigna del Poder Ejecutivo por falta de recursos para los programas sociales?
Una de las premisas de los derechos humanos es que la riqueza que genera un individuo le pertenece a él y a nadie más. Los mexicanos somos ciudadanos, no súbditos, y se nos deben respetar nuestros derechos, no es posible que el Estado se esté quedando con nuestros ahorros; eso tiene un nombre: robo. En nuestra demanda el máximo órgano de justicia tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y dar a cada cual lo que le corresponde.
Por último, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación persiste en su necia postura y traiciona los derechos de los jubilados no nos queda más remedio que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde no tenemos la menor duda que nos darán la razón y el Estado mexicano en su conjunto quedará exhibido. Y, como decía uno de nuestros principales referentes: El respeto al derecho ajeno es la paz, y para que exista la paz se requiere que haya justicia. Aún hay tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recupere la dignidad.
