Por José Jaime Ruiz
La primera ilusión de la democracia consiste en creer que el poder cambia de manos cada vez que se abren las urnas. La segunda consiste en pensar que quien gana una elección gobierna automáticamente. Desde la caída del medinismo, pasando por el terremoto electoral de Jaime Rodríguez Calderón y hasta el ascenso de Samuel García, el sistema político estatal aparenta vivir una transformación permanente. Sin embargo, bajo esa superficie convulsa existe una estabilidad mucho más profunda: la permanencia de un bloque institucional cuya mayor fortaleza nunca ha sido ganar gubernaturas, sino sobrevivir a ellas.
El Grupo San Nicolás entendió antes que nadie que las gubernaturas son transitorias, mientras las instituciones pueden convertirse en patrimonio político. La diferencia entre conquistar el poder y gestionarlo consiste precisamente en eso: construir estructuras capaces de resistir la alternancia. La política mexicana suele confundir mayoría electoral con hegemonía. Son conceptos distintos. Una mayoría puede desaparecer en tres años, una hegemonía institucional puede sobrevivir generaciones, es el caso del PRIAN en Nuevo León. Por eso resulta insuficiente explicar el comportamiento político únicamente desde las urnas. La verdadera correlación de fuerzas se encuentra en otra parte: en el Congreso, en la Auditoría Superior, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Fiscalía y en los organismos cuya integración trasciende el calendario electoral. Allí se encuentra el auténtico tablero donde se negocia, se bloquea y se redefine la gobernabilidad cotidiana.
El entendimiento histórico entre el panismo nicolaíta y el medinismo priista no debe analizarse como una simple alianza electoral. Su lógica es más sofisticada. Funciona como una coalición institucional cuya prioridad consiste en conservar capacidad de veto independientemente del resultado de las elecciones. La oposición comprendió algo que los gobiernos independientes y los proyectos emergentes tardaron demasiado en descubrir: perder el Ejecutivo no significa perder el Estado.
De allí la intensidad del conflicto que ha acompañado a Samuel García prácticamente desde el inicio de su administración. No se trató únicamente de una disputa partidista. Fue una confrontación entre dos concepciones del poder: la legitimidad derivada del voto y la legitimidad construida desde las instituciones permanentes.
El episodio de la Fiscalía sintetizó esa disputa. Lo mismo ocurrió con las controversias presupuestales, la batalla por los nombramientos, la judicialización constante de las decisiones administrativas y el uso de los órganos constitucionales como espacios de presión política. Gobernar dejó de significar mandar, comenzó a significar negociar todos los días.
El fracaso del Bronco explica la otra mitad del problema.
Jaime Rodríguez ganó la elección más disruptiva de la historia reciente, pero nunca logró construir un sistema político propio. MC aprendió parcialmente esa lección. Samuel edificó una marca política extraordinariamente eficaz. Digitalizó la comunicación pública, profesionalizó el marketing gubernamental y convirtió la narrativa generacional en un activo electoral. Sin embargo, conforme se aproxima la sucesión de 2027 comienza a aparecer el problema clásico de los gobiernos personalistas: institucionalizar el éxito.
Así, el dilema central de MC: definir si será un partido con gobierno o un gobierno que utiliza un partido. La diferencia parece semántica. En realidad, determina la supervivencia del proyecto político. Morena enfrenta una tensión distinta, pero igualmente compleja… pero esa es otra historia y habrá que contarla en otra ocasión.
