La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a cinco personas, entre ellas, al exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, por presuntamente ser los principales responsables de dirigir una red de empresas para importar hidrocarburos desde Estados Unidos y declarar sólo una parte del combustible que ingresaba al país y evadir el pago de más de 166 millones de pesos en impuestos; publica MILENIO.
Además del acusado, otros presuntos implicados en esta red son José Merino Valdés Cuervo, Guadalupe Hernández Hinojosa, Armando III Riestra Fernández y José Luis Rangel Martínez, supuestos líderes de la estructura delictiva.
De políticos a agente aduanal: la red de huachicol
En la orden de aprehensión que forma parte de la causa penal 253/2026, y a la que tuvo acceso MILENIO, se menciona que la estructura fue integrada por empresarios, representantes legales, accionistas, un agente aduanal y operadores corporativos que utilizaron una red de empresas para importar hidrocarburos desde Estados Unidos.
Según la imputación, los cinco encabezaban una organización con funciones definidas para importar gasolina y diésel mediante ferrocarril, operar diversas empresas, administrar recursos financieros y coordinar la distribución del combustible.
El expediente judicial, de 465 páginas, menciona que la empresa Ingemar, S.A. de C.V. ocupaba un lugar central en la operación.
La FGR sostiene que esa compañía promovió 38 pedimentos de importación que ampararon el ingreso de 156 ferrotanques entre abril y junio de 2025, mientras que otra empresa realizó dos adicionales relacionados con dos carrotanques.
También asegura que el esquema consistía en declarar en los pedimentos aduaneros apenas una fracción del combustible transportado.
Mientras en la documentación se reportaban alrededor de 10 mil litros por unidad, los dictámenes periciales concluyeron que cada carrotanque contenía poco más de 100 mil litros de gasolina o diésel.
La autoridad calcula que únicamente por las operaciones de Ingemar dejaron de enterarse al fisco 164 millones 261 mil pesos por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A esa cantidad se suman otros 2.2 millones de pesos atribuidos a Servicios Aduanales JR, para un presunto quebranto total de 166 millones 466 mil 735 pesos.
La ruta del huachicol fiscal del exgobernador de Baja California
La investigación también reconstruye la ruta del combustible. De acuerdo con la FGR, el producto era adquirido a empresas estadunidenses, trasladado en ferrotanques hacia México, internado mediante pedimentos aduaneros y recibido por compañías que formaban parte de la estructura empresarial.
Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron 33 carrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, con 3 millones 716 mil 254 litros de hidrocarburos y, posteriormente, otros 25 carrotanques en el patio ferroviario Sánchez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 2 millones 873 mil 362 litros. En conjunto, los dos aseguramientos representan 6 millones 589 mil 616 litros de gasolina y diésel.
Para sostener la teoría del Ministerio Público, la carpeta de investigación está integrada por actas constitutivas, registros del Registro Público de Comercio, pedimentos aduaneros, guías ferroviarias, dictámenes químicos y volumétricos, estados de cuenta bancarios, transferencias nacionales e internacionales e informes de vigilancia de la Policía Federal Ministerial.
¿Qué empresas están ligadas?
Entre las empresas que aparecen de manera recurrente en la investigación no sólo figura Ingemar, también están:
Servicios Portuarios (SERPORT)
Logística Ferroviaria Fargo
Internacional de Fundentes
Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G
Crismon Hidrocarburos y Derivados
Lambrucar
Mapror de Hidrocarburos y Dragados y Puertos
Además de las compañías estadunidenses Ballast Partners LLC y L Energy International LLC
¿Qué se sabe de los implicados en la red de huachicol fiscal?
La FGR ubica a Guadalupe Hernández Hinojosa como probable representante legal, directora y gerente general de Ingemar; a José Merino Valdés Cuervo como socio y accionista de esa empresa.
A Ricardo Thompson Ramírez como secretario del Consejo de Administración; a José Luis Rangel Martínez como apoderado legal de diversas sociedades; y a Juan Hermilo Chávez Rodríguez como el agente aduanal relacionado con la internación de los cargamentos.
Además del presunto grupo directivo, la investigación involucra a accionistas, representantes legales y operadores vinculados con empresas como Logística Ferroviaria Fargo y Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., a quienes la fiscalía atribuye haber participado en distintas fases de la operación comercial y financiera.
Por esta razón, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes de aprehensión, por los probables delitos de delincuencia organizada, contrabando y aquellos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Foto portada: MILENIO
