Rosario Robles salió del Reclusorio Sur a bordo de su camioneta BMW luego de que la audiencia de imputación en su contra concluyó sin que los fiscales solicitaran la implementación de medidas cautelares, por lo que será hasta el próximo lunes 12 de agosto que se resuelva si se le vincula a proceso o no.
La Fiscalía General de la República imputó formalmente a Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en su modalidad de omisión por no actuar ante reportes de irregularidades y desvíos dentro de la Sedatu y Sedesol que ocasionaron un daño a la Hacienda Pública superior a los 5 mil 73 millones de pesos.
La defensa de la exfuncionaria federal solicitó al juez de control la duplicidad del término constitucional, mismo que fue concedido y por lo que se fijó la audiencia de vinculación a proceso para el 12 de agosto, a fin de que se recaben evidencia y testimonios que podrían contribuir en favor de la imputada.
Durante el sexenio pasado, Rosario Robles Berlanga se desempeñó, de 2012 a mediados de 2015, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para posteriormente pasar a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde permaneció hasta el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el Ministerio Público de la Federación, entre 2014 y 2018, la ahora exfuncionaria federal fue omisa ante los informes de colaboradores sobre irregularidades en contratos asignados por las dependencias a su cargo.
En concreto, los fiscales señalaron 27 contratos a universidades públicas y sistemas de comunicación estatales para servicios “no requeridos ni realizados”.
Robles Berlanga habría decidido ser omisa ante dichas alertas e incluso en una reunión con el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel portal, se rehusó a dar una respuesta sobre el ejercicio de los montos consignados.
La audiencia de imputación de este jueves 8 de agosto inició a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 9:30 de la noche. El delito de ejercicio indebido del servicio público no es grave, por lo que en caso de que el juez decida vincularla a proceso, Rosario Robles podría pagar una fianza para llevar su proceso en libertad.
En el Código Penal Federal, se establece una pena de 2 a 7 años de prisión para quien resulte culpable por el delito imputado a “Chayo”.
Fotografía propiedad de: archivo/ Cuartoscuro
