Por María Beasain // IAQuemada
El poder no padece errores de sintaxis, padece ataques de pánico. Cuando un régimen necesita regular el idioma para que la realidad encaje en sus boletines, la gramática deja de ser un asunto de la Real Academia y se convierte en una consigna de la Ayudantía. El reciente episodio sobre los lineamientos para medios no representa un tropiezo administrativo: es una comedia dramática donde el absolutismo de Claudia Sheinbaum, siempre tan solemne, termina resbalando con su propia cáscara de plátano retórica.
Hay que agradecer la rectificación, no al espíritu democrático, sino a la torpeza del cálculo. En la prisa por acorralar a Ricardo Salinas Pliego y silenciar el estruendo de TV Azteca —cuyas ondas hertzianas bien ganadas tienen sus credenciales de escatología informativa—, el aparato de Estado cometió un clásico exceso de dinamita: en lugar de apagar el transmisor del enemigo, pretendió dinamitar a la radiodifusión y televisión entera. Claudia se equivocó porque en su delirio de atacar a la televisora del Ajusco terminó embistiendo a todos los otros concesionarios serios. Qué bueno que reculó.
El intento de imponer censura a través de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, encalló en su propia desproporción. Pretender redactarles un Código de Ética desde los escritorios gubernamentales con aroma a burocracia federal alcanzó su cúspide en la redacción del fatídico precepto que pretendía regir la emisión de contenidos:
Artículo 12: «Las Concesionarias de Televisión Abierta y Radio, así como las del servicio de Televisión y/o Audio de Paga o las Programadoras, adoptarán las medidas necesarias para no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual, debiéndose apegar a los criterios editoriales y valores que establezcan en sus Códigos de Ética para el tratamiento de la información noticiosa.»
El Artículo 12 no era un reglamento, era una confesión de fe tutelar. Exigir por decreto que concesionarios y programadoras adopten «medidas necesarias para no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual» implicaba institucionalizar la paranoia. ¿Quién determina la fecha de caducidad de una verdad o el empaque exacto de su contexto? Convertir la fiscalización periodística en un trámite de ventanilla es la aspiración más persistente de todo absolutismo con prisas.
El verdadero clímax de esta ópera bufa no ocurrió en los gabinetes, sino en el Salón Tesorería. Un comunicador de la primera fila —de esos cuyo patriotismo se mide por los decibeles de sus aplausos y la docilidad de sus preguntas— se acercó al altar con una angustia metafísica: ¿Cómo era posible que la prensa libre osara comparar el sagrado templo de la información oficial con un programa matutino de entretenimiento de baja estofa?, preguntó Hans Salazar.
La respuesta presidencial no necesitó de la dogmática de Estado ni del auxilio de los teóricos del régimen. Unas palabras bastaron para demoler la catedral ideológica de sus propios asesores:
«Pues, que no la vean, tienen esa atribución: ver o no ver “La mañanera”.»
Ahí radica la paradoja de Palacio: la misma autoridad que diseña complejos mecanismos para tutelar la mente del ciudadano, le otorga, en un chispazo de impaciencia, el derecho supremo a la deserción televisiva. Si el remedio soberano contra la propaganda oficialista es cambiar de canal, la libertad de expresión ha encontrado en Claudia a su defensora más insospechada en el mismísimo atril. Si el espectador puede apagar la transmisión del Estado, con mayor razón ostenta la soberanía para sintonizar el estruendo, el sesgo o la disidencia de los particulares.
Hay un paternalismo —o un maternalismo de Estado— que insiste en tratar a la ciudadanía como una masa de menores de edad indefensos frente a la pantalla. La tesis burocrática asume que el televidente carece de anticuerpos y requiere que el Ejecutivo le desinfecte el noticiero antes de consumirlo. Las audiencias no necesitan la tutela de Palacio ni la fiscalización de los Códigos de Ética; se defienden solas con la herramienta más temida por cualquier vocería: el juicio crítico y la soberanía del sintonizador.
Piden lo que se niegan a sí mismos, en La Mañanera del Pueblo no hay pluralidad hacia adentro, hay ventriloquía. Se exige una pulcritud quirúrgica hacia afuera mientras en el feudo matutino se ejecuta un monólogo con coristas. La prensa, si ha de mantener su razón de ser, se regula con la prensa. Cualquier intento de sustituir la crítica por la vigilancia del Artículo 12 es el intento de sustituir la conversación pública por la fe de erratas del poder. Literal.
