Por Valeria Riaño / IAQuemada
Hay índices que nacen para ordenar el conocimiento y otros para señalar aquello que el poder considera inconveniente. El más célebre fue el Index Librorum Prohibitorum, el Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia católica: un catálogo oficial de obras cuya lectura, impresión y difusión fueron prohibidas durante siglos por considerarlas heréticas, inmorales o peligrosas para la fe.
La comparación histórica debe manejarse sin caricaturas: México no vive bajo la Inquisición, nadie está prohibiendo libros y los periodistas exhibidos por el oficialismo pueden seguir publicando. Pero precisamente por eso la metáfora sirve si se coloca donde corresponde. El Index no interesa aquí por la hoguera, sino por una pulsión mucho más antigua del poder: clasificar la disidencia, identificar a sus propagadores y explicar al creyente quién amenaza la verdad oficial.
El nuevo índice podría llamarse Index Sheinbaum. La controversia provocada por la exposición de Luisa María Alcalde sobre el supuesto ecosistema digital contrario a la Cuarta Transformación tiene una dimensión que trasciende la existencia de bots, granjas digitales o campañas coordinadas. Todo eso existe en la política contemporánea y debe investigarse. El problema comienza cuando alrededor de ese fenómeno aparecen periodistas, medios, comentaristas y políticos integrados visual y discursivamente dentro de una maquinaria adversaria. No hace falta prohibirlos. Basta con catalogarlos.
Viri Ríos propuso una lectura diferente. Para ella, lo verdaderamente relevante de la supuesta “lista” no sería que exista un ecosistema de ideas contrarias a la Cuarta Transformación ni que políticos y bots las reproduzcan, sino que la propia Cuarta Transformación, “con todos sus recursos, poder e influencia”, no haya conseguido crear “un ecosistema propio más potente”. Su propuesta es que el Régimen debería preguntárselo con curiosidad y autocrítica.
El argumento parece sofisticado, pero contiene una inversión inquietante: convierte un problema sobre los límites del poder en un problema de eficiencia propagandística. Porque antes de preguntarnos por qué la Cuarta Transformación no posee un ecosistema “más potente”, habría que formular una pregunta elemental: ¿más potente que quién y utilizando cuáles recursos?
El ecosistema que supuestamente no existe
Existe, además, un problema empírico con la premisa. El 19 de mayo de 2026, Ariadna Montiel Reyes, ya como presidenta nacional de Morena, se reunió con alrededor de medio centenar de creadores de contenido, comunicadores, youtubers e influencers afines al movimiento. No fue una conjura descubierta mediante sofisticados algoritmos ni una reunión clandestina filtrada por adversarios. La propia dirigente morenista difundió el encuentro y habló de la importancia de “comunicar desde el territorio” y fortalecer el proyecto de transformación.
La reunión ocurrió, además, en el contexto de una estrategia partidista para ampliar la presencia de Morena mediante nuevas conferencias y plataformas alternativas. Nada de eso es ilegítimo por sí mismo. Un partido tiene derecho a organizar su comunicación, reunirse con influencers, capacitar militantes, construir medios, disputar audiencias y buscar que sus ideas circulen. Morena puede hacerlo exactamente igual que PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier organización política.
Pero el dato destruye una parte importante de la hipótesis de Viri Ríos: el ecosistema existe. Y se organiza. Morena no está contemplando impotente cómo sus adversarios dominan internet. Está desarrollando deliberadamente estructuras para comunicar su proyecto y fortalecer su narrativa. Entonces aparece una paradoja fascinante. Cuando influencers y comunicadores simpatizantes se reúnen con la presidenta nacional de Morena para fortalecer el proyecto, hablamos de comunicación desde el territorio.
Cuando periodistas críticos publican investigaciones, opositores las reproducen, ciudadanos las comparten y eventualmente bots las amplifican, aparece el ecosistema opositor. De este lado, organización. Del otro, mecanismo. De este lado, narrativa. Del otro, operación. De este lado, comunidad. Del otro, red. El diccionario político cambia dependiendo de quién sostiene el teléfono celular.
Sistema contra ecosistema
Aquí está el verdadero problema. Ni siquiera estamos ante dos ecosistemas simétricos. Estamos ante el Sistema frente al ecosistema. Un periodista dispone de su medio, sus fuentes y su audiencia. Un influencer tiene seguidores. Un opositor cuenta con su partido. Un ciudadano posee una cuenta de X. Incluso una red organizada puede disponer de dinero y tecnología.
El Estado posee otra cosa. Presupuesto, instituciones, funcionarios, infraestructura pública, canales oficiales, capacidad regulatoria, conferencias gubernamentales y la formidable potencia simbólica de la Presidencia de la República. Por eso resulta especialmente problemática la frase “con todos sus recursos, poder e influencia”. ¿De cuáles recursos hablamos? Si son los recursos de Morena, adelante. Que compita. Que convoque otros cincuenta influencers, quinientos o cinco mil. Que produzca podcasts, TikToks, periódicos, transmisiones y conferencias.
Pero si entre “sus recursos” incluimos los del Gobierno de México, hemos atravesado una frontera democrática esencial. Porque los recursos del Estado no son recursos de la 4T. Claudia Sheinbaum gobierna desde Palacio Nacional, pero Palacio Nacional no pertenece a Morena. El presupuesto federal no pertenece al movimiento. Los funcionarios no son empleados de una causa partidista. Los canales institucionales no constituyen una agencia de relaciones públicas de la Cuarta Transformación.
Y aquí aparece, atravesando medio siglo de política mexicana, el fantasma de José López Portillo: “No pago para que me peguen”.
La frase atribuida al expresidente condensó brutalmente una concepción patrimonial del gasto en comunicación: si el gobierno compra publicidad, el medio debería corresponder con docilidad. El dinero público convertido en premio; su ausencia, en castigo. No censurar formalmente al periódico, sino recordarle quién controla la llave de la pauta.
México cambió mucho desde López Portillo. La tentación, bastante menos. Cuando medios críticos como Reforma o El Universal reciben poca o ninguna publicidad del gobierno federal, mientras otros espacios comunicativos sí participan del reparto de pauta oficial, la discusión deja de ser simplemente presupuestaria. La publicidad oficial nunca debería funcionar como recompensa por simpatía ni como represalia por crítica. Ésa es precisamente la razón por la cual cualquier comparación exige datos presupuestarios verificables y criterios transparentes de asignación. No basta que un periódico sea crítico y reciba poca pauta para demostrar causalidad., pero tampoco basta invocar austeridad para cerrar la discusión si el dinero continúa fluyendo hacia otros medios.
El problema democrático aparece cuando puede formularse una sospecha razonable: ¿la pauta sigue a las audiencias y necesidades de comunicación del Estado o sigue la temperatura editorial de cada medio? Porque entonces el viejo “no pago para que me peguen” ya no necesita pronunciarse. Puede ejecutarse administrativamente. No hay que cerrar un periódico. No hay que recoger una edición. No hay que prohibir una columna. Simplemente se abre o se cierra la llave. El Index identifica.
La pauta premia. El presupuesto disciplina. Y el discurso oficial explica después quién pertenece al ecosistema adversario. Ésa es la dimensión que vuelve insuficiente reducir el debate, como propone Viri Ríos, a la incapacidad de la 4T para construir un ecosistema comunicativo “más potente”. El Estado posee herramientas que ningún ecosistema privado tiene. Precisamente por eso debe imponerse límites que un partido, un influencer o un periódico no necesitan imponerse. La confusión entre movimiento, partido, gobierno y Estado es aquello que una democracia debería impedir.
El nuevo Index
Por eso la evocación del Index Librorum Prohibitorum resulta pertinente, sin necesidad de incurrir en equivalencias históricas absurdas. La Inquisición elaboraba un catálogo de aquello que consideraba peligroso para la fe. Nuestro tiempo posee mecanismos infinitamente más sofisticados: minería de datos, análisis de redes, mapas de interacción, nodos de influencia, métricas de amplificación, bots y visualizaciones capaces de convertir millones de conversaciones en diagramas aparentemente incontrovertibles.
Antes se catalogaban libros. Ahora pueden catalogarse conversaciones. Antes preocupaba quién imprimía una herejía. Ahora interesa quién genera una narrativa, quién la comparte, quién la amplifica y qué comunidades digitales consiguen hacerla circular.
Y existe una diferencia inquietante: el poder contemporáneo puede clasificar al crítico y, al mismo tiempo, decidir dónde coloca el dinero público destinado a comunicación. El riesgo aparece cuando ambas facultades terminan respondiendo a una misma lógica política: identificar quién pertenece al ecosistema propio y quién al adversario. Entonces José López Portillo deja de ser una extravagancia del presidencialismo priista y se convierte en una pregunta incómodamente contemporánea para la 4T. ¿Realmente desapareció el “no pago para que me peguen” o solamente aprendió a no decirse en voz alta?
La herejía del algoritmo
La democracia tiene una característica incómoda para cualquier poder: permite que prosperen ideas que el gobernante considera falsas, injustas, interesadas e incluso detestables. No existe un derecho gubernamental a dominar la conversación pública. Por eso sorprende que la autocrítica sugerida sea: ¿por qué nosotros no tenemos un ecosistema todavía más poderoso? Quizá la pregunta democrática debería ser exactamente la contraria: ¿por qué tendría que tenerlo el gobierno?
La pluralidad no constituye una falla del algoritmo. Si la crítica al gobierno circula con enorme intensidad, puede haber bots detrás. Habrá que probarlo. Puede haber dinero. Habrá que seguirlo. Puede existir coordinación partidista. Habrá que documentarla. Pero también existe una posibilidad mucho menos conspirativa y bastante más incómoda: que determinada crítica simplemente haya encontrado audiencia.
No toda viralidad es complot. No todo desacuerdo es operación.
No todo crítico pertenece a una granja. Y no toda narrativa que perjudica al gobierno necesita un inquisidor digital que reconstruya su genealogía.
El espejo de Ariadna
La reunión encabezada por Ariadna Montiel funciona entonces como un magnífico espejo. Si Morena considera legítimo convocar creadores para fortalecer su narrativa —y lo es— debe reconocer exactamente el mismo derecho a sus adversarios. Si cincuenta influencers reunidos alrededor de un proyecto constituyen comunicación política, cincuenta comunicadores críticos no se convierten automáticamente en conspiradores por compartir determinadas ideas. La diferencia jurídicamente relevante no debería ser qué narrativa defienden, sino cómo operan: quién financia, quién coordina, si existe automatización fraudulenta, si hay recursos públicos involucrados, si se oculta propaganda pagada o si se viola alguna norma. Eso requiere pruebas. No diagramas que sustituyan causalidad por proximidad.
El Index Sheinbaum
El Index Librorum Prohibitorum partía de una convicción: había ideas cuya circulación podía contaminar la comunidad de creyentes.
El peligro contemporáneo no consiste en que Claudia Sheinbaum vaya a prohibir libros ni en imaginar hogueras inquisitoriales que no existen. Esa exageración sólo debilitaría la crítica. La semejanza inquietante está en otra parte: la tentación de clasificar el disenso antes que discutirlo. De separar la conversación entre orgánica y artificial, pueblo y bots, información y campaña, comunicación legítima y operación política, utilizando como criterio demasiado frecuente la relación de cada narrativa con el poder. Y entonces el Index deja de ser una lista de libros para convertirse en una cartografía de adversarios.
La paradoja final es extraordinaria: mientras Morena reúne influencers para fortalecer su propio ecosistema, el oficialismo disecciona el ecosistema contrario y algunos intelectuales concluyen que el verdadero problema consiste en que el primero todavía no es suficientemente poderoso. No. Una democracia no necesita que el partido gobernante construya el ecosistema más potente. Necesita que ningún ecosistema pueda convertirse en Sistema.
Ésa es la diferencia entre disputar la hegemonía y administrar el pluralismo. Entre convencer y clasificar. Entre responderle al crítico y señalarlo en el mapa. Y, sobre todo, entre administrar dinero público y decidir quién merece recibirlo según el volumen de sus aplausos.
López Portillo tuvo al menos la descortesía de sintetizarlo en una frase: “No pago para que me peguen”. Casi medio siglo después, la pregunta no es si alguien vuelve a pronunciarla desde Palacio Nacional. La pregunta es más incómoda: ¿hace falta pronunciarla?
El viejo Index advertía cuáles libros podían poner en peligro la fe. El Index Sheinbaumcorre un riesgo más contemporáneo: identificar quién pone en peligro el relato, cartografiar quién lo amplifica y disponer, desde el otro extremo del Sistema, de la llave de los recursos públicos. Cuando el poder deja de preguntarse si una crítica es verdadera o falsa para preguntarse primero quién la difundió, quién la amplificó, a qué ecosistema pertenece y si merece recibir publicidad oficial, el problema ya no está en el algoritmo. Está en el Sistema.
