Por Efrén Vázquez Esquivel
Durante la hegemonía del PRI, los informes de Gobierno eran una expresión del poder presidencial. El presidente hablaba ante un Congreso sin contrapesos y una oposición —PAN, PPS y PARM— que, pese a sus diferencias, tenía un papel marginal en la legitimación del régimen.
Hoy ya no es así. A partir de la reforma política de 1977, impulsada durante el gobierno de José López Portillo, se abrieron nuevos cauces para la participación y la representación de las fuerzas políticas del país.
En este nuevo contexto, los informes de Gobierno dejaron de ser únicamente actos rituales de la investidura presidencial y comenzaron a convertirse, mediante interpelaciones, críticas, protestas y hasta gritos desde la tribuna, en espacios de confrontación y disputa por el poder político.
El primer legislador que interrumpió a un presidente en la lectura de su Informe fue el diputado panista por Coahuila, Edmundo Curza Villarreal. El presidente José López Portillo leía su Quinto Informe de Gobierno —efectuado el 1 de septiembre de 1981—, Curza Villarreal solicitó una interpelación; Luis M. Farías, que presidía la sesión, no se la concedió y gritó: “En Coahuila no hay democracia, queremos hechos, no palabras” (Diario de Debates, de la Cámara de Diputados LI Legislatura, año III, México, 1981).
Hay una serie de contradicciones entre las fuentes que narran este hecho, cuya dilucidación escapa a los propósitos de esta colaboración. Lo importante es que este fue el momento en que los informes de Gobierno comenzaron a transformarse en espacios de disputa por el poder político, en los que la oposición dejó de desempeñar un papel meramente testimonial para colocar al partido en el poder ante la necesidad de defender y justificar su actuación.
En el debate sobre el Segundo Informe de Gobierno se hizo evidente una oposición cohesionada y dispuesta a cuestionar los logros que la presidenta Claudia Sheinbaum afirma haber alcanzado. Sin embargo, la confrontación resulta particularmente significativa si se considera que, tras la presentación del Informe, la Presidenta registró niveles de aprobación de entre 69 y 70 por ciento.
