Por José Jaime Ruiz
La autonomía universitaria se respeta. La frase es irreprochable; convertirla en coartada, no. Morena salió en defensa de la UANL ante lo que califica como “evidente intervención” del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Andrés Mijes, Judith Díaz, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Clara Luz Flores y Felipe de Jesús Cantú exigen que las decisiones universitarias se tomen “con libertad, sin condicionamientos económicos ni presiones políticas”. Bien. Pero una izquierda que aspire a transformar y no solamente a ocupar espacios debería formular la pregunta que su comunicado omite: ¿Quién vigila al poder cuando el poder está dentro de la Universidad?
El problema es mayor. Boaventura de Sousa Santos entendió la crisis contemporánea de la universidad pública como una crisis de hegemonía, legitimidad e institucionalidad (“La universidad en el siglo XXI”). Su respuesta desde la izquierda no fue entregarla al Estado ni proteger sus burocracias, sino democratizar el bien público universitario. La reforma progresista, escribió, debe combatir aquello que impida transformar a la universidad en un sentido democrático.
Ahí se rompe el cómodo relato regiomontano. La UANL puede ser jurídicamente autónoma y, de forma simultánea, padecer concentración interna del poder. Puede defenderse legítimamente de Samuel y seguir debiendo explicaciones sobre la administración de sus recursos. Puede impedir una imposición desde Palacio de Cantera sin que eso convierta de manera automática sus mecanismos internos de gobierno en democráticos. Autonomía no significa extraterritorialidad republicana.
Jesús Áncer, Gregorio Farías y Reyes Tamez resumieron su posición frente al supuesto intervencionismo del gobernador: “La autonomía universitaria se respeta”. Tienen razón. Pero Santos Guzmán no es la autonomía, la Rectoría no es la Universidad y defender a la UANL tampoco significa extender certificados anticipados de inocencia administrativa. Si existen señalamientos de corrupción, deben investigarse. Señalamiento no equivale a culpabilidad: hacen falta auditorías, documentos y responsabilidades acreditadas. Pero fiscalizar dinero público tampoco constituye una violación de la autonomía. Rendición de cuentas no es intervención.
De Sousa Santos ofrece una segunda advertencia todavía más ríspida: cuando las actividades universitarias se orientan primordialmente a generar ingresos extrapresupuestarios, puede producirse una “privatización discreta” de la universidad pública.
No hace falta vender una universidad para privatizar partes de su función. Basta desplazar progresivamente el interés público por la lógica comercial, convertir servicios en mercados y confundir vinculación empresarial con misión social.
Ése debería ser territorio natural para Morena. Extrañamente, su comunicado mira sólo hacia Samuel. Y Samuel tampoco puede quedar fuera del escrutinio. Las versiones incluidas en el expediente sobre reuniones con directores y un eventual impulso a Mario Alberto Garza Castillo rumbo a Rectoría requieren corroboración; de acreditarse una operación gubernamental para determinar la sucesión, sería incompatible con el autogobierno universitario. Pero impedir que Samuel escoja rector no significa conceder a una nomenklatura universitaria el derecho de escogerlo sin suficiente transparencia.
Así debería discutirse la sucesión de la UANL. Contra Samuel, autonomía. Contra la partidización, autonomía. Contra la mercantilización, función pública. Contra la opacidad, transparencia. Contra las camarillas, democracia. Contra cualquier presunta corrupción, investigación y debido proceso. Porque la UANL no pertenece a Samuel García, Santos Guzmán, Morena, los directores ni los exrectores. Es un bien público. La Universidad no necesita cambiar de dueño. Necesita dejar de tenerlos.
