Dos extrabajadores de la empresa Heckler & Koch fueron declarados culpables de tráfico ilegal de armas a México y sentenciados a libertad condicional. Se trata del jefe de ventas I. Sahlmann y la empleada administrativa M. Beuter, sin embargo, los directores ejecutivos de la empresa: P. Beyerle y J. Meurer, además del antiguo director de ventas W. Mackrodt, resultaron absueltos.
Jürgen Grässlin, presidente de la Oficina de Información sobre Armamento, aseveró que el caso era un ejemplo sobre “dos clases de justicia: a los más pequeños se les condena y a los más grandes se les deja ir”, aunque se dijo satisfecho por la multa de 3.7 millones de euros impuesta a la empresa.
“Todo este proceso criminal contra Heckler & Koch es un éxito inmenso para los movimientos por la paz, el desarrollo y los derechos humanos (…) el tráfico ilegal de armas es descubierto por nosotros y sancionado por los tribunales”
El tribunal de Friburgo en Colonia, Alemania, concluyó que las declaraciones de uso final no forman parte de la licencia de exportación de armas, lo que en la práctica significa que la entrega de armas a las cuatro entidades prohibidas en México: Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, no es punible bajo la Ley de Control de Armas de Guerra, sólo baja la Ley de Comercio Exterior que es más laxa.
La legislación sobre armamento alemán prohíbe la exportación a países en conflicto o que violen los derechos humanos, sobre todo de rifles de asalto como los G36 que fueron utilizados por la policía municipal de Iguala durante el ataque a estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” sobre la Autopista del Sol en 2011.
Carola Hausotter, integrante de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, aseveró: “es condenable y aterrador al mismo tiempo, que las víctimas en México no hayan sido involucradas durante todo el proceso ni durante la sentencia”.
