Paulina Téllez Martínez, encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, informó que en lo que va de la administración se han liberado a 46 presos políticos y se analizan otros mil 400 casos, pues se han detectado irregularidades e incluso venganzas de tipo político-electoral.
Entrevistada en el marco del foro temático “Pueblos Indígenas y Derechos Humanos”, realizado en el Museo Nacional de Antropología, afirmó que se revisa cada caso de manera particular, dado que han recibido cartas de algunos presos y es preciso allegarse de información jurídica.
Precisó que esa información les permitirá saber cuál es el estado real de cada persona encarcelada, a fin de determinar si hubo o no irregularidades, lo que a su vez les permitirá contactar a la autoridad responsable, según sea el caso.
“Se hicieron 45 liberaciones desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, desde que a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia nos pasaron los casos a mediados de julio (…); tenemos en total mil 400 recibidos; lo que estamos haciendo con mucho profesionalismo en revisar cada caso”.
La funcionaria añadió que la semana pasada recibieron 300 casos, pero además hay diálogo. “Es importante mencionar que también estamos recibiendo a las personas en la oficina, caso por caso, escuchando cada una de esas situaciones, que implica entre dos o tres horas escuchar y saber qué es lo que en realidad pasó”.
En este marco, resaltó que el Senado de la República deberá recibir la iniciativa preferente de la Ley de Amnistía, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo cual tendrá un impacto directo sobre estos casos”.
Ello porque, sostuvo Téllez Martínez, “sí hemos podido ver que dentro de estos mil 400 casos sí existen irregularidades, dentro de los procedimientos de distintas autoridades y delitos menores”, así como personas que están en centros penitenciarios y no se les ha imputado ningún delito.
De acuerdo con la funcionaria de la Segob, han detectado que “los casos que recibimos han sido manipulaciones por algún político en situación de poder, por castigar a estas personas, por fabricarles delitos, por eso se llaman así (presos políticos)”.
Sobre el perfil de las mil 400 personas de las que se analiza su caso, comentó que hay indígenas. “Tenemos un caso en Tabasco que un señor fue a un trabajo de carpintería y por ningún motivo lo ingresaron a un centro penitenciario, no está imputado de ningún delito y ahí lleva dos años”.
Además, hay “venganzas políticas en campañas políticas que buscan que el adversario ya no exista y le fabrican casos”.
De tal suerte que, enfatizó, “eso es lo que ha encargado el presidente (Andrés Manuel López Obrador) a la Segob, que veamos por estas personas y por eso estamos a través de una atribución recibiendo estos casos y estudiándolos”.
El evento se realiza en el marco de los Trabajos para el Diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2024, el cual reúne a comunidades indígenas de todo el país, quienes realizaron una ceremonia al pie del Monolito de Tláloc, a las afueras del Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Paseo de la Reforma.
Fotografía: archivo/ Cuartoscuro
