Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria, respondió que el cumplimiento de la ley no significa ser inquisidor, además puntualizó que el “terrorismo” sería desamparar a los contribuyentes que pagan impuestos sin resolver sus dudas.
La titular del SAT se reunió con diferentes representantes de organismos empresariales para discutir en un conversatorio las dudas sobre la reforma ‘facturera’ que el SAT usará contra quienes emplean facturas apócrifas para evadir impuestos o lavar dinero: “Mal haríamos nosotros no recibiendo contribuyentes ni cámaras y dejándolos un poco solos, ahí sí sería terrorismo, nosotros los acompañamos en los procesos de dudas”.
Aunque la funcionaria aclaró que las reuniones no pretenden llegar a acuerdos, sólo acompañar a los contribuyentes cumplidos y transmitirles confianza en el sistema para que continúen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, recupera Expansión.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estuvieron presentes representando al sector empresarial, mientras Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal y el senador de Morena, Alejandro Armenta, participaron como autoridades.
SAT niega ser ‘inquisidor’, sólo busca cumplimiento de ley
El ausente fue la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien consideró que el SAT actúa como “inquisidor”, aunque el Servicio Tributario explicó que la convocatoria no fue a todos.
Ríos también puntualizó que las reuniones no significan un pacto con determinadas cámaras, porque la reunión fue un conversatorio que tenía como objetivo el acompañamiento de los contribuyentes cumplidos.
La propia Ríos reiteró que el SAT tiene el objetivo de hacer cumplir a cabalidad la ley y que si en ello se ve la inquisición, los dichos forman parte de la libertad de expresión, acota El Universal.
También respondió las acusaciones por presuntos abusos en los que pudiera incurrir la autoridad fiscal, aseverando que se debe a la falta de confianza en el Estado de Derecho mexicano, el Poder Judicial, los tribunales administrativos y el Congreso de la Unión.
Fotografía: Mario Jasso / Cuartoscuro
