Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron a favor de la Ley de Amnistía, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, pues con dicha iniciativa contribuye al reconocimiento de diversos grupos históricamente vulnerados: mujeres, personas en situación de pobreza y personas indígenas.
“Esta iniciativa, para los casos relacionados con delitos contra la salud y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas probaría ser invaluable para iniciar el difícil proceso de transformar el actual sistema de impartición de justicia en todos sus niveles que, a la fecha, sigue siendo un reto del Estado mexicano”.
De la misma manera, refirieron que la Ley de Amnistía cuestiona la perspectiva punitiva del sistema de justicia, misma que origina abusos sistemáticos de autoridades en cuanto a impartición de justicia, como el abuso en prisión preventiva, obtención de confesiones bajo tortura, ausencia de traductores, intérpretes y abogados para personas indígenas.
Entre dichos abusos también se encuentra la criminalización de mujeres que deciden abortar o son partos fortuitos; así como penas severas para delitos menores “que lo único que reflejan es la criminalización de ciertos grupos históricamente vulnerados”, expresaron a través de un comunicado.
Indígenas, jóvenes y mujeres
El apoyo a la Ley de Amnistía por parte de organizaciones civiles sucede porque está dirigida a grupos de población invisibilizados y excluidos de sus derechos humanos pues, desde la perspectiva de los colectivos, han sido discriminados, estigmatizados, juzgados y privados de libertad injustamente por condiciones de vulnerabilidad.
Por ejemplo, en casos de personas indígenas, no cuentan con traductor legal con perspectiva de género e interculturalidad; o personas acusadas por delitos contra la salud en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, exclusión, desigualdad estructural y discriminación, son sentenciados a condenas máximas.
“También jóvenes víctimas de pobreza y falta de oportunidades que incurrieron en la posesión o venta de droga y personas consumidoras de drogas que hayan sido detenidas con hasta el doble permitido de consumo personal”.
Y finalmente, los casos de mujeres procesadas o sentenciadas por haber interrumpido su embarazo, aunque refirieron que el enfoque debería ser la despenalización del aborto.
Ley de Amnistía necesita estrategia
Aunque las organizaciones reconocieron el esfuerzo del Gobierno Federal, también señalaron que la Ley de Amnistía por no garantiza la no repetición de las violaciones contra los grupos anteriormente descritos, por lo que se necesita una estrategia integral con enfoque de derechos humanos, reinserción social y perspectivas de género e interculturalidad.
“Con un plan integral de esta naturaleza no solo se estaría garantizando el acceso a la justicia de las personas que ya están en conflicto con la ley, también se estarían creando las bases de leyes, mecanismos e instituciones que garanticen los derechos humanos de todas y todos”.
Entre las organizaciones que firmaron el comunicado se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir, Documenta, EQUIS Justicia para Mujeres, Fondo Semillas, Fundar, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), México Evalúa y la Red Nacional de Abogadas Indígenas.
Fotografía: Andrea Murcia / Cuartoscuro
