El Congreso del Estado aprobó este martes reformas a la Ley Estatal de Salud, para incorporar la objeción de conciencia. Con esto a partir de ahora, los profesionales de Salud de Nuevo León podrán excusarse de participar en aquellas prácticas y tratamientos que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, ética o creencias, como, por ejemplo, practicar o no un aborto.
La Diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez presentó el dictamen que contiene las reformas al artículo 48 de la citada ley.
“La objeción de conciencia es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales”.
“El personal de Salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo la vida de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales, cuando se oponga a la práctica médica comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a sus capacidades profesionales o a razones de objeción de conciencia”.
La propuesta del exlegislador fue analizada, estudiada y dictaminada por los integrantes de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, que encabeza el diputado Asael Sepúlveda.
Las diputadas María Dolores Leal Cantú, de Nueva Alianza; la independiente Claudia Tapia y Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, hablaron en contra del dictamen; mientras que a favor de éste lo hicieron Claudia Caballero y Luis Susarrey, legisladores del PAN.
Los diputados aprobaron también solicitar al Congreso de la Unión, el análisis de reforma a la Ley del Seguro Social.
“En la estructura financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, existen problemas que sistemáticamente lastiman su sustentabilidad, y que, a mediano plazo se refleja en sus actividades y funciones institucionales”, dijo el Legislador Carlos de la Fuente Flores, al leer el Dictamen que contiene la mencionada reforma.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, no puede, ni debe perder su soporte o techo financiero, simplemente, porque adolece en su ley, la ausencia de legitimación, que le permita actuar jurídicamente y evitar esas pérdidas millonarias en su perjuicio. Por ello resulta necesario, una reforma sustancial para hacer de esta ley una norma general más adecuada y eficaz para los mexicanos.
