El hecho de que 570 funcionarios estatales recabaran las “broncofirmas” en día y horario laboral, pareciera que fue un riesgo calculado por parte del Gobierno estatal. Así lo señaló la Diputada Mariela Saldívar, tras estudiar las pruebas que presentaron por escrito tanto el Gobernador Jaime Rodríguez como el secretario Manuel González.
“A mí me da la impresión de que fueron riesgos calculados que tomaron en cuanto a la recolección de firmas a través de servidores públicos del Gobierno estatal. Porque en sus argumentos no niegan las acciones, ellos reconocen que hubo 570 funcionarios públicos que recabaron firmas para la campaña presidencial”.
Como se recordará, este martes 15 de septiembre la Comisión Anticorrupción desahogó las pruebas presentadas por escrito por el Gobernador Jaime Rodríguez y Manuel González. Así se siguió el proceso legislativo para sancionar a ambos funcionarios por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el diálogo con la prensa, la Diputada Mariela Saldívar aclaró que ambos funcionarios no rechazan su culpabilidad y sólo se limitan a cuestionar la legalidad del procedimiento.
“Hasta nos corrigen en su escrito, nos dicen que son 570 no 572 los funcionarios infraccionados, entonces no lo niegan, pero cuestionan la certeza del proceso. En la exposición de pruebas ellos dicen: ‘¿Qué son 10 mil firmas contra los dos millones de apoyos, realmente eso afectó la contienda?’ No niegan que hubo esos apoyos”.
La legisladora insistió en que después de estudiar las pruebas presentadas, pareciera que tanto el Gobernador como Manuel González estaban conscientes del riesgo. Inclusive van más allá, advirtió Saldívar, al manifestar que tanto Jaime Rodríguez como Manuel González le indican al Congreso como deberían ser sancionados.
“Ellos están conscientes de que la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales está imperfecta porque te dice las conductas que no se permiten, pero no las sanciones. Entonces ellos dicen que no los podemos sancionar, pero que si los queremos sancionar deberíamos de basarnos en el artículo 350 de la Ley Electoral del estado de Nuevo León. Dicho artículo establece que este tipo de conductas donde se afecta la equidad de la contienda tiene una multa que va desde las 100 hasta las 10 mil cuotas vigentes”.
En la actualidad 10 mil cuotas de salario mínimo, en la zona metropolitana de Monterrey equivalen a 1.7 millones de pesos aproximadamente.
Para finalizar, la Diputada Mariela Saldívar opinó que probablemente tanto el Gobernador Jaime Rodríguez como Manuel González no consideraron que podrían ser sancionados hasta la inhabilitación.
