El arranque del dictamen de la Ley de Movilidad fue duramente criticado por los organismos, centrales obreras, la misma Agencia Estatal de Investigaciones y hasta por diputados. A eso hay que agregarle que, por ser el primer día, fueron pocos asistentes representantes de la sociedad civil, instituciones académicas y del sector privado.
La primera fue la presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinoza de los Monteros quien criticó la integración de la Junta de Gobierno que será parte del nuevo Instituto de Movilidad y Accesibilidad. La legisladora explicó que en el dictamen se contempla que la Junta de Gobierno sea integrada por seis personas de la Iniciativa Privada y que ellos a su vez elijan a los cuatro alcaldes, lo cual se mostró en desacuerdo.
“Ellos utilizan un concepto muy importante que es el de ‘ciudadanizar’, pero cuando se habla de ciudadanizar ellos caen en el concepto de IP y de las cámaras, que de las cámaras no estamos en contra de nada, sino que no representan a todos los ciudadanos”.
“Nosotros no podemos permitir que esté fincado hacia un lado nada más. Si, por ejemplo, la Junta de Gobierno ellos la presentan con seis votos de la IP y, menos que ellos incluso, promover a cuatro alcaldes. ¿Qué representa la IP? No representa a toda la ciudadanía”.
Noé Chávez Montemayor, director de la Agencia Estatal del Transporte, dijo que en el dictamen se les olvidó el transporte escolar, ya que se requería de una licencia especial, porque han detectado camionetas otorgando el servicio sin contar con la papelería requerida.
Otro de los puntos en que estuvo en desacuerdo el funcionario estatal es en la eliminación de la carta de antecedentes no penales tanto para los choferes de los camiones, así como para los de taxi y transporte escolar, pues aseguró que esto atentaría la seguridad de los usuarios. Dijo estar en contra de la propuesta de que los impuestos que se quieren aplicar a los conductores de plataforma digital vayan a parar a los municipios.
Osvaldo Serna Servin, secretario general del Autotransporte de la CROC, dijo que en el anteproyecto de la legislación la tarjeta feria podría desaparecer. El dirigente sindical dijo que la medida afectaría a miles de usuarios quienes ya están habituados a este servicio, además de los empresarios transportistas que invirtieron en los validadores de las tarjetas y los software y red wifi para transmitir los datos.
Este viernes seguirán las mesas de trabajo para analizar la Ley de Movilidad y definir para antes de que culmine el periodo de sesiones la reforma.
