Luego de diferir el dictamen en donde se proponía la destitución e inhabilitación, del Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón y del secretario General del Gobierno, Manuel González Flores, los diputados del Congreso local advirtieron que este asunto no había terminado.
Francisco Cienfuegos Martínez, coordinador de la bancada del PRI aseveró que notificarán a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la situación en la que se encuentra para que no vayan a creer que no cumplieron con la orden.
“El pleno acordó notificar a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal Federal Electoral y también publicarla en el Periódico Oficial del Estado a fin de que se lleve a cabo el cumplimiento de lo que se había recibido por parte del Tribunal Federal Electoral, creemos nosotros que falta mucho por hacer como bien lo adelantamos ayer queremos que la Comisión Anticorrupción inicie un juicio político en contra del ejecutivo”.
“El miedo no anda en burro, ellos sabes que se cometieron irregularidades que si están relajándose es que se vieron ya sancionados con la irregularidad y el delito que ellos cometieron, tenemos que seguir, este no es un caso cerrado, estamos esperando lo que determine la corte y ya será el otro año y en otro aspecto iniciar el juicio político siempre y cuando exista la voluntad de la Comisión Anticorrupción”.
“Si realmente se quiere hacer justicia debemos de proceder con un juicio político el cual ésta en nuestra Constitución, son sanciones que están previstas bajo la figura de la Constitución”, aseveró.
Ramiro González Gutiérrez, coordinador de la bancada de Morena aseveró que la sanción sigue en pie pero ahora mediante otra estrategia.
“Hay que ser muy claros, la sanción sigue en pie nada más que en los tiempos correctos, lo que determinamos es una vía jurídica para no incurrir en otra responsabilidad, más sin embargo no es para relajarse, no es un tema que ya éste cerrado el proceso sigue, las instancias judiciales ya traen sus cursos y sus tiempos”.
“No es un tema que ya haya culminado en el Congreso, el acuerdo al que se llegó el pasado lunes es más por disposición y legalidad, sanción tiene que haber porque ya lo dispuso una autoridad ya que es algo que se comprobó”.
“Sin embargo hay tres procesos abiertos en ese sentido que están por arriba de esa sanción y hay que esperar”.
Se contempla que la Suprema Corte sesione este asunto para el mes de febrero o marzo, y será hasta entonces cuando se sabrá el futuro del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón y el secretario General del Gobierno, Manuel González Flores.