El coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) del Congreso del Estado, Juan Carlos Leal Segovia, propuso la castración química para violadores, como la pena más alta.
El diputado cuestionó sobre el por qué no se propone dicha pena y aseguró que no se da porque las mujeres optan por tener más privilegios.
“Vamos a tratar de derogar todo lo que tiene que ver con leyes de género, todo lo que sea feminicidio vamos a tratar de derogarlo para que sea piso parejo para todos y hacer que se cumpla también con el artículo 1 de la Constitución de que no debe haber discriminación y no debe haber discriminación por sexo, entonces la ley de feminicidios discrimina al hombre por su sexo”.
“Segundo, vamos a proponer leyes más robustas, una de ellas, por qué si hay tantas violaciones y tanto ataque sexual, por qué al violador no se le castiga más fuerte, por qué no nos vamos por la pena de la castración química, ¿por qué?, porque se está usando como algo mediático, de que entre más violaciones haya, a la mujer le puedes dar más privilegios”.
“Sabe qué, no, vamos por una ley, una pena más fuerte contra el violador”.
¿Usted lo propondría?, se le cuestionó.
“Claro, claro”, respondió.
En cuanto al feminicidio, dijo que debe hablarse sólo de homicidios como ya lo señaló el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“En mi agenda mínima está el derogar todas las leyes de género, las leyes de género no están funcionando, porque si funcionaran las leyes de género todo el dinero que se presupuesta estaría funcionando, pero vemos más muertes de mujeres, más muertes de hombres y el dinero se está yendo asociaciones que están posiblemente lucrando con ello”.
Esta situación provoco un enfrentamiento con la diputada Karina Barrón Perales quien dijo estar en desacuerdo.
“El feminicidio es la máxima expresión de violencia contra las mujeres. Su tipificación es una forma en sí misma de visibilizar esta forma extrema de violencia de género, garantizando nuevos mecanismos de acceso a la justicia, y sobre todo, que posibilita que el Estado adopte políticas públicas para erradicar la violencia de género”.
“Sería un retroceso en el camino ganado durante más de 10 años de lucha contra la violencia hacia las mujeres, y en el que el año pasado se logró que se considerara delito grave, a fin de qué los responsables lleven su proceso bajo medidas cautelares como el arresto”, puntualizó.
