Ante el riesgo de caer en desacato, la bancada de Movimiento Ciudadano urgió al Congreso para dictaminar la ratificación del magistrado, Ángel Mario García.
La diputada Mariela Saldívar dijo que era necesario ya dar cumplimiento al resolutivo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa
En voz de la diputada Mariela Saldívar, los diputados de Movimiento Ciudadano presentaron un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública presentar el dictamen correspondiente para no caer en desacato.
«Se requiere a la Comisión de Seguridad Pública a efecto de que presenten ante el Pleno del Congreso, el dictamen que contenga el proyecto de resolución derivado del expediente de ratificación del ciudadano Ángel Mario Garcíacomo Magistrado«, dijo.
El pasado 08 de febrero, el Congreso fue notificado de la resolución del Juez Tercero de Distrito en Materia de Distrito en torno al incidente de inejecución de sentencia derivado del juicio de amparo, por la no ratificación del MagistradoÁngel Mario García.
En la misma resolución se estableció un plazo fatal de tres días para dar cumplimiento al ordenamiento judicial, el cuál vence hoy.
En caso de no dar cumplimiento sin causa justificada dentro del plazo, se impondrá una nueva multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo.
En ese sentido, la diputada Mariela Saldívar recordó que desde la legislatura anterior el magistrado ha peleado su ratificación y todos los recursos que ha promovido para su reinstalación han sido ganados.
«Juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la del Estado y la que de ella emanan, entre ellas la Ley de Amparo y por tanto es necesario que repasemos nuevamente el contenido de dicha Ley».“
Ya no hay nada que pelear, ya se agotaron todas las instancias debemos cumplir”.
Cabe recordar que el Congreso en vez de acatar lo ordenado por un juez decidieron turnar el asunto de la Comisión de Seguridad y Justicia a la Dirección Jurídica para continuar con una supuesta defensa legal en nombre del Congreso de Nuevo León.