Han pasado más de dos años y medio desde que Verónica Guadalupe Benítez Vega fue asesinada por su esposo Luis Ángel Reyes, y el pequeño Rodrigo quedó al cuidado de sus abuelos.
Apenas tenía tres meses de nacido cuando el cuerpo de su mamá, una joven de 21 años de edad, recibió 17 heridas por arma blanca y golpes de un tabicón antes del mediodía del 6 de julio de 2017. Después fue abandonado sobre una calle de terracería de la comunidad San José El Vidrio.
Desde esa localidad perteneciente al municipio Nicolás Romero, Estado de México, el señor Jesús Benítez Estrada recuerda que el bebé gritó y lloró durante largo tiempo el día en que falleció «Lupita». «Entre el llanto decía mamá, mamá, ya tan pequeño», comparte.
Enseguida evoca: «Gracias a Dios logramos salir adelante y alcanzar justicia» porque al agresor de «Lupita» le otorgaron un sentencia de 62 años y seis meses de prisión durante una audiencia de apelación realizada en mayo de 2019.
«Pero, desgraciadamente, ya no está con nosotros y tenemos que echarle ganas por el niño, por nuestro nieto, nuestro hijo, para sacarlo adelante», comenta el señor de 51 años de edad.
Dos Jesús dice que si bien el menor vive con su familia materna aún sigue vigente la lucha para quitarle la patria potestad a Luis Ángel y después continuar con lo pertinente ante el Registro Civil y el niño pueda gozar de sus derechos.
El pequeño Rodrigo está por cumplir tres años de edad. «No ha preguntado por su mamá. Cada día despierta y mira la foto de su mamá -que está sobre un altar en la sala de la casa-. Pero no nos dice nada», cuenta Juana Isabel Benítez Vega.
«Mi hermana debería estar dándole ese amor y cariño que necesita, pero Luis Ángel le quitó el privilegio de ver crecer a su hijo», enfatiza la hermana de la víctima de feminicidio en México, donde 10 mujeres son asesinadas a diario.
Víctimas indirectas
Para Jaime Rochín del Rincón, extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los hijos de las mujeres desparecidas o asesinadas siguen siendo invisibles para las autoridades mexicanas.
La violencia en México ha propiciado una cantidad considerable de niñas, niños y adolescentes que quedan en condiciones de orfandad, abandono o en situación grave de vulnerabilidad durante los últimos 15 años, advierte.
En entrevista con Notimex, asegura que la situación para ellos empeora porque se carece de una política de Estado para asumir su protección, ofrécerles condiciones de seguridad, manutención o atención psicológica para afrentar su perdida familiar.
Incluso, argumenta, muchos de ellos corren el riesgo de terminar en albergues, centros o casas hogar. «Los menores han sido víctimas indirectas de la violencia y son revictimizados y abusados en algunos de esos lugares, precisamente por la falta de cuidado del Estado», insiste.
Los casos de la casa hogar Casitas del Sur, de donde fueron sustraídos 15 menores de edad en 2008, y el albergue infantil La Gran Familia en Zamora, Michoacán, que estaba a cargo de Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa, donde cientos de niños vivían en condiciones infrahumanas, son ejemplo de ello, expone.
Esta situación también ha impedido tener un registro certero de los niños o huérfanos por feminicidios y que requieren apoyo del Estado, enfatiza el experto en Derechos Humanos.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) estima que en México hay más de tres mil niños en esa situación. «Algunos de ellos no sólo perdieron a sus madres, sino que también vieron cómo las mataron», acentúa María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
«Imagínense el estado emocional en el que están si el Estado no le da sus derechos para proteger su bienestar», subraya la especialista al señalar que esas víctimas colaterales requieren un reparación integral de daños.
Para Ana Celia Chapa Romero, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, el proceso de reintegración de los menores también depende de la comunidad en la que se desenvuelven y el trato para evitar marginarlos por los hechos de violencia que enfrentaron.
«Son muchos duelos los que tienen que vivir al mismo tiempo, como la ausencia de sus padres, el ideal social sobre lo que es la familia, los rechazos, los cuestionamientos, la información compartida sobre lo acontecido. Eso si es muy fuerte», opina.
La experta considera necesario actuar a tiempo para apoyar a esos niños porque, de lo contrario, el impacto emocional puede ser mayor y presentar signos de pérdida de menoría como un mecanismo de protección.
Ellos tienden a mostrar culpa, miedo, tristeza, depresión, aislamiento, trastornos del sueño y conductas antisociales. «El tiempo de atención es muy importante porque hay mayores secuelas y son más difíciles de tratar», añade en entrevista por separado.
Recursos insuficientes
Si bien la Ley General de Víctimas y la Ley General de Víctimas del Estado de México establecen un mecanismo para apoyar a los afectados indirectos por feminicidios, incluso para suplir la falta de pago del responsable en la reparación de daño asignada, estos son insuficientes y hasta «ofensivos» para las propias familias.
Así lo asevera Víctor Rogelio Caballero Sierra, presidente del Colectivo Aequus, al referir que en estos casos no hay una sensibilidad del Estado para atender adecuadamente a los huérfanos por feminicidio en el país.
Explica que las víctimas indirectas tienen acceso a los fondos de las Comisiones Ejecutivas, pero los recursos llegan con recortes porque son canalizados a organizaciones, desviados hacia fines políticos, incluso usados como chantaje contra esas personas.
El abogado expone que el señor Jesús Benítez y su esposa Verónica Vega sólo han recibido una beca académica y un botón de pánico (dispositivo móvil) como apoyo para Rodrigo, luego de más de dos años y medio del asesinato de Verónica Guadalupe.
«Es una beca a la que tiene acceso cualquier niño del estado, sea o no víctima indirecta de un feminicidio, y el botón de pánico es inservible en su comunidad porque es insuficiente la señal de la compañía telefónica que provee el servicio», apunta.
También les llegan a dar para «el pasaje» y acudir a las audiencias durante el proceso jurídico. «Eso no resuelve la problemática que pudiera tener el niño en su atención integran, entonces ahí también hay una violación a los derechos del menor de parte del Estado, que está obligado a proporcionarle justicia y verdad en el caso del feminicidio de su mamá», insiste.
«La deuda del Estado mexicano es muy grande con las víctimas», coincide Jaime Rochín del Rincón, extitular de la CEAV, quien reconoce que sólo dos terceras partes de las entidades federativas cuentan con estos organismos.
De las 20 existentes en el país, indica, menos de la mitad funcionan. Eso significa que «en más de dos terceras partes de las entidades federativas no tienen las condiciones de una Comisión de Víctimas para atender la gravedad esta problemática», recalca.
Lo anterior genera una nueva violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes y, por su puesto, se está rompiendo el principio del interés superior de la infancia, que es garantizar un desarrollo integral y una vida digna, remarca.
«Sí es un tema preocupante, muy grave y que repercute en un revictimización de esta población», concluye.
Futuro incierto
«A los hijos de los femicidios el gobierno todavía no los visibiliza. No le dan la importancia lo que a los niños les produce no tener su madre», resalta el señor Jesús, quien muestra su preocupación por el futuro de Rodrigo.
El pequeño sigue sin hablar, pero esto no ha sido impedimento para comunicarse, jugar y dejarse querer por sus abuelos, tíos y primos. «Nosotros pagamos un psicólogo y él nos dice que tenemos que darle tiempo al niño porque lo podemos hacer bolas».
El especialista sugiere esperar hasta cumplir 12 años, una edad oportuna para saber lo que ocurrió con su mamá. «Pero no hay que decirle la forma tan cruel en que murió mi hija. Ella recibió 17 puñaladas y le destrozaron la cara con un block de tres kilos», añade.
Sólo en 2019 fueron investigados 976 hechos por feminicidios a nivel nacional, de los cuales 122 ocurrieron en el Estado de México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La entidad mexiquense ocupa el segundo lugar en el número de mujeres que pierden la vida por razones de género, a pesar de lo establecido en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre investigar los casos bajo esa perspectiva.
