El dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira, aseguró que México es un país sin leyes, por lo que no tiene garantías de ser juzgado conforme a derecho.
«No hay justicia en México. Acá (en España) se hace justicia y los felicito. Mantengan eso porque en México ya lo perdimos», dijo el empresario al declarar ante los Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que decidirán sobre su proceso de extradición a México.
Las cárceles españolas son un hotel de dos estrellas comparadas con las de México, donde los presos duermen hacinados, agregó Ancira para justificar el hecho de que todos los prófugos mexicanos detenidos en España prefieran quedarse en este país antes que ser entregados a las autoridades mexicanas.
El empresario arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al que descalificó por ser un mitómano, un personaje del tamaño del dictador alemán Adolfo Hitler.
«No es un sujeto que esté en su cordura, no usted señor fiscal, no se vaya a malinterpretar, el Presidente de México», señaló ante el tribunal de tres Magistrados presidido por la juez María Riera que decidirá en los próximos días si procede o no que el empresario sea entregado a las autoridades mexicanas, que lo acusan de varios delitos de corrupción.
Ancira, quien se autodefinió como un «daño colateral» de la persecución contra la anterior administración de Enrique Peña Nieto, también se refirió en su declaración al exdirector de Pemex; aunque de forma indirecta.“
La mamá de este innombrable Emilio Lozoya, con 75 años de edad, está detenida en su casa y todo porque su hijo le dio un cheque de 180 mil pesos. Estamos viviendo la injusticia que hay en México con esta señora madre que la tienen presa por un delito que alcanzaba libertad bajo fianza. Es un crimen”.
El empresario reconoció que AHMSA está prácticamente arruinada, ya que sus acciones han caído en picado desde que se inició el proceso judicial en su contra.
«No se hicieron evaluaciones previas y se lanzó una amenaza al azar y sin una base sólida legal, causando un deterioro que está a punto de hacer que la empresa se vaya a la bancarrota», indicó sereno, con el semblante serio, luego de negar la acusación de vender con sobreprecio plantas fertilizantes a Pemex en 2015, cuando la petrolera estaba dirigida por Lozoya Austin, quien también fue detenido en España y está sometido igualmente a proceso de extradición por delitos de corrupción.
Ancira consideró que México ha vulnerado su derecho al debido proceso, al derecho de defensa y al derecho a la libertad personal. Por su parte, la defensa del empresario argumentó en la Sala de lo Penal que los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, por los que la Fiscalía General de la República (FGR) demanda la extradición de Ancira, «ya prescribieron o nunca se configuraron».
El empresario se encuentra en libertad bajo fianza, desprovisto de pasaporte, con la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y la prohibición de abandonar territorio español, además de estar en todo momento localizable a la espera de que los jueces españoles decidan sobre su extradición.
Luciendo traje y corbata, Alcira abandonó la Audiencia Nacional acompañado de sus abogados que insistieron en la Sala de la Audiencia en que su cliente estaba siendo perseguido políticamente. El empresario mexicano evitó hacer declaraciones a los periodistas concentrados en el lugar.
«Cuando salga la resolución, hablaré», dijo escuetamente.
Los Magistrados de la Audiencia Nacional se pronunciarán en un plazo aproximado de diez días sobre el proceso de extradición a México que pesa sobre Ancira. En caso de que el fallo no favorezca al empresario mexicano, éste puede apelar ante el pleno de la Sala de lo Penal que tendrá la última palabra sobre su entrega a las autoridades mexicanas, la cual deberá ser aprobada en última instancia por el Gobierno español en Consejo de Ministros.
La policía española capturó a Ancira a finales de mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional que giró el gobierno de México por supuestos delitos de fraude y corrupción.
Investigaciones de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de AHMSA a empresas off shore vinculadas a la constructora brasileña Odebretch y al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Entre los delitos supuestamente cometidos por Ancira figura la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de Agronitrogenados, por la cual la petrolera mexicana pagó un sobreprecio de más de 500 millones de pesos, aunque el propietario de AHMSA, que rechaza su extradición a México, considera que fue una operación financiera supervisada y ajustada a la legalidad.
