Insurgentes separatistas de Tailandia atentaron contra civiles a las afueras del Centro Administrativo de las Provincias de la Frontera Sur (SBPAC, por sus siglas en inglés), en la provincia de Yala, informó este martes Human Rights Watch (HRW).
Según reportó HRW un primer artefacto explosivo fue detonado la mañana de este martes en las oficinas de la SBPAC, mientras funcionarios sotenían una reunión por la crisis del COVID-19. No hubo pérdidas.
Sin embargo, el hecho produjo la concentración de periodistas, agentes de seguridad y curiosos en el lugar de los hechos, momento en el que una segunda bomba de mayor tamaño escondida en una camioneta explotó hacia las 10:30 horas, lo que lesionó al menos a 25 personas.
Además, el estallido provocó daños en el edificio gubernamental y en vehículos oficiales estacionados en las cercanías.
«Una explosión de par controlado a las afueras de un edificio gubernamental no tiene otro propósito que causar la mayor cantidad posible de pérdidas humanas», señaló Brad Adams, director para Asia de HRW.
«Al desarrollar este ataque durante una reunión por el coronavirus, los insurgentes separatistas han demostrado una vez más su cruel indiferencia por las vidas de todos los civiles», agregó.
Human Rights Watch señaló que el ataque parece ser una respuesta al diálogo alcanzado entre el gobierno tailandés y líderes del Frente Revolucionario Nacional (BRN, por sus siglas en tailandés) a principios de marzo para establecer los lineamientos de un proceso de paz.
«Elementos del separatismo radical consideran el diálogo una tácita desviación del objetivo del BRN de liberar las provincias de Pattani, Yala, Narathiwat y Songkhla del Estado tailandés», añadió el organismo internacional.
HRW recordó que el derecho de guerra internacional en materia humanitaria, vigente en las provincias de la frontera sur de Tailandia, protege a los civiles y estructuras de ser atacados, por lo que agencias gubernamentales que no participan en operaciones militares son consideradas civiles y, por lo tanto, no susceptibles de ataque.
«Los ataques deliberados o indiscriminados contra la población civil constituyen crímenes de guerra. Todos los responsables de planear, ordenar o desarrollar esos ataques deberían ser presentados debidamente ante la justicia», agregó HRW.
«De las más de siete mil personas asesinadas en el conflicto armado actual, alrededor del 90 por ciento han sido civiles de las poblaciones de la etnia budista tailandesa y de los musulmanes malayos en las provincias de Pattani, Yala, Narathiwat y Songkhla», abundó.
La organización internacional reconoció también que las fuerzas armadas y de seguridad del gobierno tailandés han perpetrado violaciones a los derechos humanos mediante asesinatos, desaparición forzada y torturas que no pueden justificarse como represalias contra los ataques insurgentes.
En las provincias de la frontera sur, además, se ha atrincherado una cultura de impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas oficiales, subrayó HRW.
«El gobierno aún debe procesar exitosamente a cualquier oficial por abusos de derechos humanos contra la etnia de los musulmanes malayos presuntamente vinculados a la insurgencia», expresó.
«Mientras las fuerzas de seguridad de Tailandia se escuden de responsabilidad criminal y los reclamos de largo aliento de la comunidad de musulmanes malayos sean ignorados, los insurgentes seguirán usando la situación para tratar de justificar ataques ilegales», apuntó Brad Adams.
