La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorgó la razón a la Comisión Estatal Electoral y le ordenó al Congreso local emitir una decisión fundamentada sobre la propuesta de presupuesto a ejercer en el 2019. El proyecto avalado señala a la CEE como órgano autónomo e independiente y que es la encargada de pedir un presupuesto para su operatividad. Por tal motivo, le dio como plazo al Poder Legislativo de Nuevo León 15 días para emitir una resolución o contestación al respecto.
“En consecuencia, se propone revocar la sentencia impugnada y vincular al Congreso del Estado de Nuevo León, para que en ejercicio de sus atribuciones, dentro del plazo de 15 días, analice, discuta y emita una determinación fundada y motivada, solamente respecto de la propuesta original que propuso el OPLE, debiendo considerar las necesidades de ésta para cumplir con sus funciones constitucionales”.
“Además es a la propia Comisión que le corresponde exclusivamente la sentencia como órgano dotado de autonomía constitucional la elaboración de su presupuesto con base en los recursos que requiera para cumplir sus funciones constitucionales y legales”, argumenta el proyecto.
Como se recordará, Mario Alberto Garza, titular de la CEE se inconformó con el presupuesto que el Poder Legislativo le otorgó para este año. Ellos habían solicitado 536 millones de pesos, pero los diputados al momento de analizar la petición terminaron por entregarle 378 millones, es decir, 158 millones menos. El haber recibido menos recursos de acuerdo con la CEE impactaría principalmente en el pago de la nómina de los trabajadores y algunos programas fundamentales del organismo electoral.
Entre los argumentos que esgrimió la CEE ante la Suprema Corte está que presuntamente el Estado excedió sus facultades al modificar la propuesta inicial del presupuesto antes del mandarlo al Congreso del Estado, que es en esta última instancia donde se realizan las modificaciones y aprobaciones presupuestales.
Ante tal situación, ahora los magistrados aprobaron por unanimidad el proyecto que reconoce las atribuciones de la CEE sobre su presupuesto e instruye al Legislativo resolver esta situación.
