La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dio a conocer el «Programa Integral para la Seguridad en los Puertos», con la finalidad de evitar el robo de combustible y la evasión fiscal, entre otras actividades ilícitas en los recintos portuarios nacionales.
Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán, explicó que las operaciones en el puerto de Tuxpan, Veracruz, iniciaron en diciembre de 2019.
En ese entonces, la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) encontró que existían malos manejos en la descarga de combustible en el interior de su recinto portuario.
La investigación llevó a descubrir una presunta evasión fiscal en el trasvase de combustible diésel importado, por una agencia naviera en dicho recinto.
Fue así que la Semar, en coordinación con otras dependencias federales con autoridad al interior de los recintos portuarios, integró una Mesa de Coordinación de Puertos en la que participa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y de la Administración Portuaria Integral de cada puerto.
También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria; la Administración General de Aduanas; la Unidad de Inteligencia Financiera; la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, entre otras dependencias.
Los trabajos revelaron que a dicho puerto arribaban entre dos y tres buques con combustible diésel, el cual era descargado en pipas para posteriormente ser distribuidos al interior del país. La UIN averiguó que existía una gran evasión fiscal, pues dichas pipas eludían intencionalmente pasar por la ruta fiscal de la aduana de Tuxpan con el combustible importado.
De esta forma, un buque descargaba aproximadamente 322 mil barriles de combustible diésel y únicamente pagaba en promedio 50 millones de pesos por concepto de impuestos por cada operación de ese tipo. Con este trabajo de la inteligencia naval, se formalizaron acciones en el interior del puerto para controlar la evasión fiscal, logrando que un buque cargado con 200 mil barriles de combustible diésel pagara alrededor de 250 millones de pesos en una sola operación.
Adicionalmente a las acciones realizadas en dicho puerto veracruzano, también se efectuaron visitas operacionales a los recintos portuarios de Manzanillo, Colima, y Altamira, Tamaulipas.
