La defraudación al fisco disminuyó en los últimos meses, por lo que se elevó la captación de impuestos, sin embargo, a pesar de que la utilización de facturas falsas es un delito que amerita carcel ha aumentado la detección de empresas en esos casos, así como de firmas que se acercan a la autoridad a regularizar su situación, aseguró Carlos Romero Aranda.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) subrayó en entrevista con Notimex que siguen detectando este tipo de operaciones.
«Bajo la nueva ley estamos todavía en etapa de investigación sobre algunos de los casos, por compra venta de facturas, y estamos trabajando sobre los mismos».
Sobre las órdenes de aprehensión que había adelantado que comenzarían en mayo en contra de los defraudadores con facturas apócrifas, explicó que la PFF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) están llevando a cabo diversas investigaciones al respecto.
«Aquí desgraciadamente se nos atravesó la contingencia, pero con todo y todo estamos trabajando y esperemos saber a la brevedad de estos asuntos. Yo había dicho que entre abril y mayo íbamos a tener los primeros asuntos y estamos trabajando. Aquí están viendo ustedes los primeros resultados».
El funcionario refirió que en diciembre pasado se reportó por estos trabajos una recuperación de más de dos mil millones de pesos, y «por el cual tuvimos un acuerdo reparatorio en donde siete empresas reconocieron que habían comprado facturas y por esa razón, pedían que se extinguiera la acción penal a cambio de resarcir el daño».
«Pero en el caso de las empresas contra las cuales se han presentado querellas, el que tiene la puerta para poder recibir el pago es el SAT«.
Explicó que en los asuntos que lleva la PFF y que la ley permite «estamos presentando día con día diversas querellas por delitos fiscales y financieros, pero la instrucción ahora es presentar los asuntos que sean más importantes para el país y para ejemplificar que nadie va a dejar de pagar impuestos».
De 2014 a 2018 se registró una defraudación al fisco por más de 500 mil millones de pesos al año y eso se ha minimizado, pero se tienen expedientes en revisión de «personas que han comprado facturas en este año precisamente y son las que van a dar lugar a las querellas y futuras órdenes de aprehensión.
«Pero de que han bajado, de que se ha inhibido este tipo de operaciones, por supuesto», recalcó.
Cuestionado sobre casos en específico, el funcionario expuso que por principio de presunción de inocencia, del debido proceso y de sigilo a las investigaciones, «yo no puedo dar información de investigaciones en curso, lo que sí puedo decir es que cualquier persona física o moral que reciban dinero legal o ilegal tiene que pagar impuestos y debe contribuir al gasto público».
Todos los asuntos que pasan por Procuraduría Fiscal son procedimientos que se presentan por delitos de defraudación, puntualizó.
En cualquier denuncia que la PFF presenta por defraudación fiscal, explicó, participan junto con la Fiscalía en la integración de la carpeta y una vez que pasa la audiencia de imputación, la PFF se convierte en asesor jurídico del Ministerio Público.
Asimismo, se participa en todas las audiencias hasta que se dicte sentencia, y en caso de ser desfavorable también incluso participa en la apelación y hasta en el amparo, es decir, se va de la mano en todo el procedimiento hasta el final.
Sobre las 15 empresas que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador que adeudaban 50 mil millones de pesos al fisco, Romero Aranda declinó precisar los nombres, pero dijo que hay grupos que deben contribuciones; y que se valoran los casos donde se pueden actualizar los supuestos de defraudación fiscal.
El procurador reiteró que no puede precisar los nombres de empresas y montos de adeudos, pues la PFF no se encarga de la recaudación, por lo que no conoce cuantos créditos fiscales hay, y además eso está protegido por el secreto fiscal.
«Estamos tomando los asuntos más importantes, es un grupo que le reportamos directo al presidente, en el cual se están presentando querellas muy importantes en contra de los contribuyentes que adeudan, entonces estamos en una posición muy fuerte, porque el mensaje que queremos transmitir es que esto ya cambió y que quien defraude al fisco va a tener una consecuencia».
A partir de 2020, la defraudación fiscal es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, por contribuciones que se causen a partir de 2020. «Las reglas ya cambiaron», advirtió el funcionario.
Entonces, el nivel de la defraudación fiscal, de las querellas y de las denuncias y de todos los procedimientos del SAT como de la Procuraduría Fiscal en este grupo le reportan directamente al presidente, subrayó.
«Aquí hay que contribuir al gasto público, el mensaje es todo mundo tenemos que contribuir, cada uno a su nivel, de acuerdo con sus posibilidades, pero no puedes defraudar al fisco y no puedes dejar de pagar».
Recalcó que si se revisan los números del SAT, la recaudación ha subido en términos reales desde el año pasado y parte de ello obedece a personas que han estado regularizando su situación fiscal y que ya no han estado comprando facturas.
Sobre las reformas legales que se hicieron en 2019 para la PFF, expuso que son suficientes para hacer debidamente su trabajo.
«Estamos preparando un paquete, pero es únicamente para homologar algunas leyes financieras en algunos términos penales, pero son un conjunto de reformas aunque de menor envergadura. Las realmente importantes son las que se resolvieron y que se aprobaron el año pasado», añadió.
