El Poder Judicial inició una investigación formal por posible corrupción en contra del juzgado que ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias, «El Mochomo«, señalado como el probable responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, confirmó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un procedimiento en contra del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federalesen el Estado de México (Edomex).
De acuerdo con el posicionamiento de la autoridad judicial, información que ha llegado a esa instancia amerita que se realice una «investigación exhaustiva» sobre la resolución emitida ayer miércoles 1 de julio, cuando se ordenó la liberación del presunto delincuente al considerar que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada. «El CJF ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México»Comunicado CJF.
El organismo rector del Poder Judicial de la Federación precisó que si bien siempre ha respaldado y apelado la independencia y autonomía de las y los juzgadores, toda resolución siempre debe tener como sustento un estricto apegó a la ley.
AMLO reveló «entrega de dinero» en liberación del «Mochomo»
Fue el presidente AMLO en su conferencia mañanera de este 2 de julio, quien reveló que un informe preliminar sobre el caso había concluido que hubo «entrega de dinero» alrededor de la resolución de libertad al «Mochomo«, quien pese a dicha irregularidad fue reaprehendido a su salida del penal de Altiplano por el mandato de investigación en otro delito.
El imputado fue traslado y permanece en Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). La Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal han emprendido una nueva indagatoria en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotinzapa y apenas esta semana se anunciaron más de 40 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios locales involucrados en el caso.
