Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, identificado en el Código Penal como operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el juez de control José Artemio Zúñiga, quien resolvió que dado su estado de salud, el imputado se mantendrá en un hospital bajo vigilancia de la Policía Ministerial y le colocarán un localizador electrónico.
En la audiencia virtual de este martes 28 de julio, la FGR imputó formalmente a Lozoya Austin por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de desahogar una serie de acusaciones por sobornos que supuestamente recibió para aprobar la compra de la planta «chatarra» de fertilizantes Agronitrogenados. No obstante, los fiscales no solicitaron la medida de prisión preventiva.
Durante la audiencia, la defensa del imputado fue cuestionada respecto a las acusaciones de la fiscalía, luego de asegurar que estaban en la gestión de un acuerdo de «criterio de oportunidad» para su colaboración como testigo en los delitos consignados. En ese sentido, el juez expuso que con esa postura, Lozoya se estaba «allanando» a lo solicitud de la fiscalía, a lo que la defensa respondió que no tenía «nada más que agregar», por lo que no hubo debate respecto a suvinculación a proceso.»Advierto que usted y su defensa se están allanando a la pretensión de la fiscalía, es decir no se generó debate en cuanto a este tema, se analizó a manera de indicio razonable en este estándar para acreditar el hecho que la ley señala como delito» José Artemio Zúñiga. Juez de control.
En su exposición, los fiscales acusaron que de junio a noviembre de 2012, Alonso Ancira, en ese momento integrante de la mesa directiva de la empresa Altos Hornos de México, realizó distintos depósitos por un monto de 3.4 millones de dólares (más de 60 millones de pesos al tipo de cambio actual) en una cuenta a nombre de Gilda Lozoya Austin, hermana del ahora imputado.
Los representantes de la Fiscalía señalaron que en ese momento Gilda era estudiante y que no tenía ningún tipo de relación comercial con Altos Hornos de México o con Alonso Ancira, por lo que, en realidad, los recursos tenían como destino a su hermano. El dinero de esas transacciones (más de 34 millones de pesos al tipo de cambio de 2012) fue utilizado para la compra de una casa en la calles de Ladera No. 20, interior 11, en la colonia La Retana, Lomas de Bezares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).
Con esos antecedentes, los fiscales expusieron que Emilio Lozoya incurrió en un ilícito, al obtener recursos de un tercero, con los que se hizo de un bien inmueble, a cambio de gestionar y cabildear para la aprobación de la compra de la planta Agronitrogenados, entonces propiedad de Altos Hornos de México y por la que Pemex pagó más de 475 millones de dólares (10 mil 425 millones 252 mil 500 pesos al tipo de cambio actual).
El monto aprobado para la compra de Agronitrogenados fue a sobreprecio, pues 275 millones de los 475 millones de dólares totales, se destinaron a la compra de los activos de la planta, mientras que los restantes 200 se etiquetaron para la remodelación y rehabilitación de sus instalaciones. Entre noviembre y diciembre de 2013, Emilio Lozoya alentó esas operaciones ante el Consejo de Administración de la petrolera y aseguró que el «negocio de los fertilizantes sería de gran rentabilidad para Pemex«. Además, expuso que el proyecto era prioritario por el gobierno de México.
El daño a Pemex por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados
En total, el daño causado a Pemex por la compra de Agronitrogenados fue estimado por los fiscales en más de 8 mil millones de pesos: activos en estado de obsolescencia tecnológica que fueron registrados como gasto por deterioro de 4 mil 204 millones de pesos, un impacto negativo en su patrimonio por haber destinado 150 millones 862 mil 374 dólares (más de 3 mil 311 millones de pesos) y 578 millones de pesos para capitalizar a Agroindustrias S.A. de C.V. por «compromisos de deuda y operación».
En abril de 2019, el entonces director general de Pemex Fertilizantes,Rogelio Hernández, ya integrante del actual gobierno federal, presentó un oficio en donde expuso que la planta sigue sin operar y que, además se resolvió que el costo de una nueva planta hubiera rondado los 270 millones de dólares, mientras que la rehabilitación de Agronitrogenados ascendía al 82.21 por ciento de lo que se hubiera pagado por la nueva.»Lo que quiere decir que la supuesta rehabilitación la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y no ha funcionado»Fiscales en audiencia de Emilio Lozoya.
