La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuenta con un plazo de 10 días para determinar si tomará posesión o no, del Viaducto Bicentenario que opera presuntamente de manera irregularsin concesión, la empresa Aleatica, antes conocida como OHL.
Lo anterior luego de que un juez federal fijó el plazo a la dependencia encabezada por Jorge Arganis Díaz Leal, por medio del cual debe atender el caso por presunta corrupción que denunciado desde hace años por el abogado Paulo Díez Gargari y que fue retomado recientemente por el Congreso del Estado de México.
En caso de que la SCT tome la determinación de retirar la concesión a la firma, ésta perderá las obras e instalaciones en beneficio de la Nación que ha realizado en la misma, además de que no contará con la opción de recibir alguna indemnización y se podría generar una sanción penal de hasta 12 años de cárcel.
De acuerdo con lo señalado por el propio Díez Gargari, quien sostiene un litigio contra la empresa señalada, durante el año pasado se generaron ingresos por cuotas de peaje de la autopista, que ascienden aproximadamente a los mil millones de pesos.
Cabe destacar que el Viaducto Bicentenario que se estructura en 3 fases, cuenta con peajes que van desde los 5.33 a los 99.60 pesos, dependiendo de los tramos a usar.
Debido a las irregularidades en la operación de la vía, en septiembre del año 2018, el abogado Díaz Gargari presentó un escrito en el que pidió al entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú que se recupere el viaducto para así garantizar el libre tránsito de la ciudadanía, pues sugirió que al tomar el control, el gobierno deje de cobrar cuotas por su uso.
El mismo Jiménez Espriú, reveló el año pasado que se identificaron “cientos de irregularidades” en construcciones realizadas durante la administración de Enrique Peña Nieto.
