En tanto el gobierno del Estado asegura que busca apoyo federal para los empresarios del transporte, los miembros de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León ejecutaron su primer “tarifazo”, cancelando las transferencias gratuitas a partir del 15 de febrero.
Mediante un comunicado, los agremiados de esa asociación se dicen “obligados” a tomar esa medida “Debido al incremento de más del 41 por ciento en los costos del transporte público de pasajeros desde 2013 y ante la falta de respuesta de las autoridades”. Además, se justifican con el argumento de que “Las transferencias gratuitas no tienen sustento legal y significan una pérdida más que afecta gravemente la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros”.
Los usuarios del transporte urbano no pueden hacer nada al respecto, puesto que esta medida será aplicada directamente en los contadores de las tarjetas “Feria”, un sistema de pago de pasaje que administra una empresa externa, no el Gobierno Estatal ni la Agencia Estatal del Transporte.
“A partir del día 15 de febrero quien haga una transferencia y cuente con su tarjeta FERIA pagará el 50 por ciento del costo el pasaje como cualquier transbordo”.
La decisión de los empresarios transportistas se convierte en un recurso de presión sobre las autoridades del transporte, y el consecuentemente contra el Gobierno del Estado. Sin embargo, en el comunicado sugieren también un retroceso en la calidad del servicio por motivos que tienen qué ver con la competencia entre los propios empresarios.
“Adicionalmente entraremos en un proceso de desinversión por no tener garantías para poder desarrollar nuestra actividad e invertir en la mejora del servicio. Desafortunadamente parece que se busca perjudicar intencionalmente al sector del transporte público para favorecer alternativas ilegales que cobran 20 pesos o más por persona. Esperamos que se reconozca la importancia del servicio de transporte público de pasajeros para que todos los habitantes de la metrópoli tengan acceso a la movilidad y no sólo aquellos que puedan pagar 20 pesos o más por viaje.”
La marcha atrás a esta medida ya no dependería de leyes, ya que no está reglamentada esta prestación tarifaria, sino en de la capacidad de negociación entre las autoridades estatales y los transportistas de esta asociación. Finalmente, y a menos intervengan las autoridades del transporte, la desaparición de esta “transferencia gratuita” representa de por sí un “tarifazo” parcial aplicado unilateralmente por los transportistas.
