Desde el pasado viernes y durante los próximos tres meses, Nuevo León entrará en un periodo de “veda electoral”. Para evitar cualquier tipo de acto o acción que en determinando momento pudiera influir el voto de cara a las elecciones de este 6 de julio, gobernantes y administraciones federales, estatales y municipales están impedidos de realizar toda promoción, publicidad y propaganda gubernamental a su imagen o partido político.
Aunque muchos han luchado por desaparecer esta figura de la legislación, al calificarla de obsoleta, lo cierto es que poco o nada se ha podido hacer al respecto. Tan es así que pese a su reciente modificación en los anteriores comicios, la Ley Electoral del Estado de Nuevo León la mantuvo.
Con excepción de los rubros de Seguridad, Salud, Educación y Protección Civil, los gobiernos no pueden informar ni realizar ninguna otra actividad; el inicio o inauguración de obras o licitaciones queda descartado. La entrega de becas, apoyos sociales, despensas o cualquier otra ayuda también estará prohibida durante este lapso de tiempo. De lo contrario, se estaría incurriendo en una irregularidad que se sanciona con multas económicas e incluso cárcel.
La “veda electoral” supone, en principio, una prohibición de realizar actos de propaganda a favor o en contra de un gobierno, persona o instituto político. De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas respectivas deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.”
“Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.”
En el recurso de apelación SUP-RAP 307/2009, la Sala Superior reconoció que los gobernantes pueden dirigir mensajes informativos a la población durante el periodo de campaña electoral, siempre que:
“Se advierte que el mensaje de un servidor público a la población con motivo de una emergencia, siniestro o caso de fuerza mayor no infringe la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante una campaña electoral.”
Bajo este entendido, desde el primer minuto de este viernes, las páginas de internet de gobierno perdieron los colores que las identifican, ya no hay más logos, y la mayoría de la información fue restringida u ocultada.
Lo anterior en tanto que los colores vivos fueron sustituidos por una escala de grises. Le siguieron también las redes sociales y demás herramientas gubernamentales.
“En cumplimiento a las disposiciones legales y con motivo de las campañas electorales, algunos contenidos no estarán disponibles”, cita una cintilla incorporada en la parte superior del portal de gobierno de Nuevo León.
Al considerar que el ciudadano es el más afectado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón despotricó días atrás conta esta restricción. Durante su mensaje en la inauguración de una obra, aprovechando los últimos días para hacerlo libremente, el mandatario estatal refirió que se trata de una ley estúpida e idiota. Opinó que en los próximos tres meses estará impedido de realizar cualquier acción de gobierno, deteniendo el desarrollo y crecimiento de Nuevo León.
«Con esta ley idiota ya no podemos hacer nada en tiempo de elecciones, que a mí me parece una ley idiota, estúpida, que no sé a quién se le ocurrió. Echas a perder todo un plan del ejercicio de los recursos públicos, entonces la gente (gobernantes) se queda (pensando) no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, porque si lo haces te meten al bote, estás violando la ley. Entonces se pierden tres meses, casi cuatro meses del año, y pues entonces deberíamos tener alcaldes de dos años y seis meses, y no de tres años.»
En este caso, dijo, el Estado ni él intervendrán en las elecciones. Sin embargo, les quedará muy poco tiempo para concretar el resto de los proyectos y obras pendientes, dado que todo el proceso de licitación lleva su tiempo.
«Luego después de que pasa la elección, si quieres licitar algo se pasan 40 días para licitar, y luego si hay alguien que se inconforme, ya se fue tu administración y no lo hiciste.»
En posterior entrevista señaló que, del lunes al jueves, previo al inicio de la veda, arrancaría y anunciaría todas las obras cuyos tiempos lo permitan. Por otro lado, tampoco se podrán realizar actos de proselitismo o difundir propaganda electoral durante la elección y los tres días previos a la misma.
Al respecto, el Instituto Nacional Electoral ha definido a la veda electoral como el conjunto de medidas que tienen el objetivo generar las condiciones para que los ciudadanos reflexión el sentido de su voto en libertad.
Este 2021, México celebrará las elecciones más grandes de su historia al diputar 500 cargos federales, 20 mil 868 locales y 15 gubernaturas.
En Nuevo León, se elegirá gobernador, 51 alcaldes, 42 diputados locales y 12 diputados federales.