La Carpeta:
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¿Hasta qué punto fue penetrada por los Beltrán Leyva la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad y, específicamente, la Subprocuraduría del Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil? Las declaraciones del Cochi en la SEIDO, muy probablemente, ya han puesto a temblar a muchos.
Jose Jaime Ruiz
febrero 10, 2017, 8:44 am

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Desde el periodismo ficción Alejandro Junco de la Vega, en la columna firmada como “El Abogado del Pueblo”, sugiere que la ejecución del fiscal José Luis de León es obra del propio gobierno y, específicamente, de la Procuraduría General de Justicia: “Como fue asesinado el Fiscal José Luis de León justo cuando investigaba los expedientes falsificados y no antes, debe suponerse que su crimen está ligado a esta función y no a las anteriores que desempeñó”.

El periódico El Norte trata de imponer una línea de investigación: al fiscal lo asesinaron desde adentro del aparato gubernamental. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, disminuido en sus funciones, ya no reta de frente al rotativo de Washington y se equivoca al incluir en sus delirios a todos los medios de comunicación de Nuevo León. Cuando le preguntaron si la ejecución del fiscal tenía que ver con los “expedientes falseados”, el Bronco lo negó y, en vez de confrontar a El Norte –como en sus buenas épocas broncas lo hacía–pasó a condenar a todos los medios: “No, no es cierto eso. Si ustedes tienen a los filtradores de información, pregúntenles a ellos”.

Dadas las alabanzas y reverencias del periódico de Junco de la Vega con el subprocurador de Ministerios Públicos, Bernardo González  Garza, el Bronco puede concluir que el filtrador de información a El Norte es precisamente González Garza y que la “línea de investigación” de la muerte del fiscal concluye, como lo quisiera Junco de la Vega, en el procurador Roberto Flores Treviño. Se lee en “Fricasé”: “…el asesinato del Fiscal José Luis de León, quien trabajaba directamente bajo las órdenes del Subprocurador Bernardo González, quien fue el que descubrió la falsificación de carpetas, las cuales daban por concluidos casos que nunca lo fueron, es algo que amerita la atención –y actuación– plena del Gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quien hace semanas –y a juicio de los que se mueven en el medio de las salas de Justicia– erróneamente ratificó en el cargo al Procurador, Roberto Flores, con quien precisamente el hoy occiso tuvo diferencias en la Procuraduría y fue desterrado hasta que el Subprocurador Bernardo González lo mandó llamar para formar parte de su equipo investigador que aclara el asunto de los expedientes criminales alterados”.

La “hipótesis” del periodismo ficción fue atajada primero por Rodríguez Calderón y luego rectificada por el vocero de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua: “No lo mató alguien de adentro, no, lo mataron los mismos delincuentes, hay detenidos con armas largas”. En efecto, la evidencia es la detención de un “halcón”, quien fue detenido y ahora se sabe que es un zeta, de esos que en Nuevo León se aliaron con el cártel de los Beltrán Leyva. La time line puede tener concordancia porque primero agarran al Cochi y después asesinan al fiscal. ¿Cuál es la relación de estos dos hechos? El Cochi ya lo pudo revelar ante la SEIDO.

Bajo este esquema, en esta misma línea de tiempo, no es casual que después de la detención del Cochi, fuerzas federales fueron a abatir, a liquidar, no a detener, a Juan Francisco Patrón, el H2, incluyendo un helicóptero artillado, situación jamás vista en la lucha contra el narco en medio de una urbe y ante la población civil. La entrega de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, a Estados Unidos, por su conocimiento de la estructura de los cárteles en México, ya tiene consecuencias por sus revelaciones en el reacomodo del narco, pero también en el combate.

El problema para el gobierno de Nuevo León es de otra índole. ¿Hasta qué punto fue penetrada por los Beltrán Leyva la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad y, específicamente, la Subprocuraduría del Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil? Las declaraciones del Cochi en la SEIDO, muy probablemente, ya han puesto a temblar a muchos.

Esos muchos que quisieron cambiar el sentido de la agenda al capturar a Fernando Cano Martínez, ex tesorero de Tamaulipas y uno de los principales operadores financieros del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba. La caja china duró sólo unas horas porque ni la PGR ni el Gobierno de Tamaulipas ni la Interpol ni Texas optaron por prolongar la acción de la Policía Ministerial. Y, claro, la muerte de Francisco Patrón Sánchez, el H2, se impuso como noticia preponderante. A las autoridades de Nuevo León les falló la captura de Cano Martínez como elemento distractor.

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