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Más temprano que tarde los gobiernos estatal y municipales tendrán que asimilar los costos transferidos y entonces ocurrirá la quiebra de nuestras ciudades.
Carlos Chavarria
octubre 16, 2018, 5:50 am

Eludir la economía nunca ha sido cosa buena o inteligente y mucho menos en cuestión de evolución de las ciudades.

El desarrollo de las ciudades en México dejado en manos de los dueños de las tierras, como en otros lugares del mundo no conduce sino a tres resultados posibles: colpaso de la ciudad, de los hogares o del gobierno.

El problema de la tarifa por el servicio de transporte de ruta fija no es sino la punta del iceberg de un problema mayor, el colapso de todos los servicios públicos debido a una total desconexión entre las leyes económicas y las políticas aplicadas al desarrollo y crecimiento de la metrópoli.

Los planes de la ciudad sustentados en el “zoning” no son sino buenos deseos si no existe una estructura de incentivos y castigos que influencien las decisiones de inversión privadas o públicas evitando los subisidos cruzados y la transferencia de externalidades desde agentes económicos activos (desarrolladores y gobierno)  hacia los pasivos o dependientes (hogares).

La movilidad y el transporte son dos de los síntomas del agotamiento de este modelo de explotación de las tierras marcado por una dispersión irracional y anárquica de usos del suelo.

En el caso de movimiento de personas el costo más importante del costo integral de viaje no es la tarifa o los gastos directos de distribución sino los subsumidos y precios sombra como es el tiempo de viaje que con mucho superan 10 ó 20 veces el costo erogado por los bolsillos.

En el caso de la distribución de las mercancías se paga con más inflación y  la consecuente pérdida de competitividad regional debido a la natural transferencia de los costos de reparto hacia el precio de los productos.

El modelo actual de desarrollo privilegia la especulación. Es absurdo que entre los dos senderos se tenga, grosso modo, de 80 mil hectáreas  urbanizadas y al mismo tiempo 30 mil de ellas se encuentren inertes en espera por la especulación.

Ahora se plantea incrementar el área conurbada a 160 mil hectáreas o más para cumplir con los requisitos de INFONAVIT y continuar la expansión de baja densidad y horizontal  de las ciudades dormitorio y profundizar el problema más allá de la crisis actual.

El transporte de ruta fija no podrá operar ni con las tarifas propuestas, como tampoco la distribución de agua, de electricidad, la basura, el drenaje, la seguridad, vialidad, y en general todos los servicios públicos que la final no están bajo precio controlado y ya gravitan sobre las finanzas de los hogares.

Más temprano que tarde los gobiernos estatal y municipales tendrán que asimilar los costos transferidos y entonces ocurrirá la quiebra de nuestras ciudades.

Las únicas herramientas para reorientar el desarrollo son la fiscalización de las tierras urbanas con criterios  de racionalidad económica y la planeación sostenida en distritos para el desarrollo autosustentables y vivibles.

El precio de las tierras debe reconocer los costos en los que tendrían que incurrir los hogares y el gobierno para cualquier nivel dado de rentabilidad que busca un desarrollador y no al revés. Los hogares y los gobiernos no pueden continuar asimilando todas las externalidades causadas por el mercantilismo a ultranza aplicado a las tierras inertes.