La Carpeta:
1 de 10
 
Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos AC (Cadhac) consideró que los hechos violentos que han dejado 78 muertos y decenas de heridos en los penales ameritan ser investigados. Consuelo Morales, presidenta del organismo, manifestó que han observando total falta de compromiso del gobernador Jaime Rodríguez para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general.
Staff
diciembre 10, 2017, 6:28 am

Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos AC (Cadhac) consideró que los hechos violentos que han dejado 78 muertos y decenas de heridos en los penales ameritan ser investigados.

Consuelo Morales, presidenta del organismo, manifestó que han observando total falta de compromiso del gobernador Jaime Rodríguez para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general.

Particularmente, dijo, las condiciones de los centros penitenciarios, en donde se han y siguen cometiendo graves y continuas violaciones a derechos humanos, a pesar de que el estado es responsable de garantizar su bienestar y seguridad.

“La crisis penitenciaria que enfrenta Nuevo León, es una problemática que se ha vivido desde hace años, no obstante observamos que en esta administración se ha deteriorado de manera alarmante”, dijo.

“En tan solo dos años han ocurrido ocho eventos violentos que han dejado al menos 78 personas privadas de la libertad, asesinadas y cientos heridas. Aunado a esto, todos los días las y los internos ven vulnerados sus derechos a una vida digna, a la alimentación, atención médica adecuada, a su integridad personal mediante el cobro de cuotas y amenazas, también son víctimas constantes de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias en las instalaciones que viven”, agregó.

Morales señaló que a esta grave situación, se suma la falta de transparencia y voluntad política de las autoridades estatales para atender la situación con base en la legalidad.

“La administración estatal públicamente ha externado la necesidad de destinar mayor presupuesto a la problemática, sin embargo, recientemente el gobernador ha expresado que transferiría 600 millones de pesos al DIF”, señaló.

Por otro lado, señaló, el estado busca evadir su responsabilidad al privatizar las cárceles, cuando se ha documentado que esta estrategia contraviene la buena administración de los centros.

// El Porvenir