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Una vez roto el equilibrio o acuerdo, los empresarios parecerán querer recomponerlo y llevarlo en una dirección distinta a la que vislumbran el gobierno y otros sectores de la sociedad.
Carlos Chavarria
diciembre 7, 2018, 5:02 am

Siempre han estado desalineadas las visiones del gobierno y las del llamado sector privado. Tan malo es hablar de retrocesos en la administración pública como regresar a los mismos discursos empresariales del pasado.

Cualquier forma de progresismo sin distribución de beneficios sociales es inocua. Alguna vez el expresidente Zedillo fustigó a los empresarios refiriéndose a que había llegado el momento histórico de “pasar de las sanas finanzas nacionales a las sanas finanzas familiares”.

El fenómeno de la desigualdad y la consecuente concentración del ingreso se agudizaron ante la política para el desarrollo que privilegió el proteccionismo y la dependencia tecnológica hacia el exterior, sobre todo, hacia los EEUU.

La relación entre los gobiernos y los grandes empresarios siempre ha sido ríspida y no exenta de conflictos ideológicos. Si algo es particularmente confuso son los límites y formas aplicativas de la palabra “libertad”, y sus acepciones en materia de economía y política.

Un gobierno sin recursos, que no recauda es uno sin posibilidades de éxito. En 1970 Luis Echeverría introdujo reformas profundas al impuesto sobre la renta y esto desató la oposición empresarial.

En aquellos años el gobierno nunca fue capaz de formular y transmitir líneas claras para el desarrollo y evolución de la economía y de cómo distribuir de manera eficiente los beneficios entre toda la sociedad.

López Portillo intentó de nuevo mejorar el perfil recaudatorio con la implantación del IVA y de nuevo se reposicionó el sector privado en contra del ánimo recaudador, todo concluyó en una enorme crisis de confianza con resultados bien conocidos.

La crisis económica le permitió a Carlos Salinas unir los temores nacionales con una línea de acción para acabar con la economía de complacencias, con un mercado cerrado, pero el gobierno siguió sin recaudar.

La administración de López Obrador está empezando por reducir las ineficencias y evidentes excesos en el gasto público, que va en línea de pensamiento aceptable por el sector empresarial, pero aún no se observa alguna intención de parte de los empresarios de corregir las también muy claras anomalías en el “comportamiento ineficiente  de los mercados”, como por ejemplo la muy cierta conducta oligopólica en la banca, telecomunicaciones, alimentos, construcción, acero, y otro ramos.

Muy al contrario lo que se está perfilando es una nueva confrontación entre el gobierno y sector privado por las mismas razones del pasado, sostener lo que ya es insostenible en materia fiscal para las grandes empresas y empresarios si acaso se desea realmente relanzar el desarrollo de la economía y mejorar el perfil de distribución del ingreso.

Cuando se dice que nada se puede lograr sin las inversiones del gran sector privado no se está ofreciendo al gobierno una  negociación de una nueva política industrial y de inversiones. Tiene más el dejo de una advertencia admonitoria que romperá de nuevo el equilibrio en la relación gobierno-sector privado.

Una vez roto el equilibrio o acuerdo, los empresarios parecerán querer recomponerlo y llevarlo en una dirección distinta a la que vislumbran el gobierno y otros sectores de la sociedad.

En este contexto se inserta la tan conocida “politización empresarial”. La subsidiariedad política de los empresarios o el abandono del ámbito político por parte de la clase empresarial no  sólo es una característica que definió al sistema político mexicano desde su creación sino que fue también algo avalado por los mismos empresarios porque así conviene a sus intereses.